Un año de prisión por ofertar cargos públicos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 634-DC-2020

Un año de prisión por ofertar cargos públicos

La procesada Renata J.R., se acogió al procedimiento abreviado dentro del proceso que la Fiscalía instauró contra el ex presidente del Consejo de Partipación Ciudadana y Control Social, José Carlos T.Z., tras ser detenidos junto a otras 30 personas, en el operativo “Emperador”, el pasado 28 de noviembre del 2019.

Guayaquil (Guayas), 17 de julio de 2020.- En audiencia de procedimiento abreviado, Renata J. R. fue sentenciada a un año de prisión, en el caso que Fiscalía investiga por asociación ilícita para ofertar cargos públicos. Con ella son once los procesados (en esta causa) que se acogieron a este procedimiento y que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad.

En la diligencia, desarrollada la mañana del viernes 17 de julio, a través de videoconferencia en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal César Suárez Pilay expuso los elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre ellos: las escuchas telefónicas (con autorización judicial), extracción de información de celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques y más) relativa al hecho, entre otras, que vinculan a la ahora sentenciada.

Fiscalía también expuso el grado de participación de la procesada, citando fechas de reuniones mantenidas en Quito y Guayaquil. Además, se demostró que era la encargada de ofertar los cargos públicos en sus diferentes modalidades, para diferentes instituciones públicas, además de manejar información y captar sumas de dinero.

La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, tras haber calificado el procedimiento abreviado, aceptó los elementos probatorios expuestos por Fiscalía y dictó la sentencia condenatoria, le impuso una multa de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), el impedimento de postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.

Contexto

El pasado 28 de noviembre de 2019 se inició un proceso penal contra treinta y dos detenidos en el operativo “Emperador”. La acción fue liderada por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad de Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, tras un proceso investigativo de cuatro meses, iniciado por la Unidad de Administración Pública en Guayaquil, por un presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.

Dato jurídico

Este caso es procesado con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, que contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
El procedimiento abreviado consiste en la aceptación de los hechos imputados por parte de los investigados, logrando con ello beneficiarse de una pena reducida en un tercio de la pena mínima impuesta en el tipo penal.

 

 

 

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