Tres procesados por el presunto delito de receptación de equipos médicos robados

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 404-DC-2019

Tres procesados por el presunto delito de receptación de equipos médicos robados

Para uno de los aprehendidos se dictó prisión preventiva. Para las otras dos personas, prohibición de salida del país y presentación periódica.

Mocha, 19 de septiembre de 2019.- La Fiscalía de Tungurahua, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó un operativo en el que se allanó un domicilio, ubicado en la comunidad de Pinguilí del cantón Mocha.

En varias terrazas del inmueble se encontraron los equipos médicos que, se presume, fueron sustraídos de una fundación de ayuda social de Ambato, el pasado 2 de septiembre.

Según las investigaciones, los ciudadanos ofertaban los artículos a través de redes sociales y se ofrecían a trasladarlos en una camioneta. Luego del seguimiento respectivo, se determinó su ubicación.

En el domicilio se hallaron alrededor de setenta equipos, entre ellos una máquina para detectar tumores cancerígenos, valorada en ochenta mil dólares; tanques de oxígeno, camillas, máquinas para fisioterapia, un electrocardiograma, motores de Odontología, accesorios de estación de laboratorio, entre otras.

Mónica P. M., Irma U. G., y Juan S. G. se encontraban en el lugar, por lo que fueron aprehendidos.

Audiencia

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal Rocío Zambrano presentó, como elementos de convicción, el parte policial, el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento de evidencias, la denuncia presentada y la investigación previa, y las órdenes de allanamiento.

Acogiendo los indicios presentados por Fiscalía, el Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva en contra de Juan S. G., mientras que para las dos mujeres, tras la presentación de arraigos, dispuso su prohibición de salida del país y presentación periódica, como presuntos responsables del delito de receptación.

Dato jurídico

El delito de receptación está tipificado en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena de seis meses a dos años de privación de libertad.

 

 

 

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