Marzo

04 de marzo de 2020

En el duodécimo día de audiencia de juzgamiento en contra de 21 personas, por su presunta participación en el delito de cohecho, las defensas de los procesados concluyeron con la presentación de su prueba.

 

05 de marzo de 2020

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó su alegato de cierre, en el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento contra veintiún procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.

De manera enfática, la Fiscal General señaló que se demostró la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael C., y que se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito.

Con ese antecedente, pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108 dólares, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

En el caso de Yamil M., Fiscalía no presentó acusación en su contra, por cuanto las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia.Respecto a Pamela M. y Laura T., solicitó que se les imponga la pena reducida en el 90% y dijo que –en audiencia reservada– se podrá verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Fiscalía.Asimismo, por haber contribuido con la justicia y coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, la Fiscal General solicitó a los jueces la aplicación de la atenuante trascendental para el empresario Pedro V., debido a que el procesado suministró información relevante para el caso.Fiscalía aseguró que se demostró que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito; y que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.

La Fiscal General acusó como autor mediato al expresidente Rafael C. y como autores directos a los exfuncionarios y empresarios procesados.