Sentencia máxima por tráfico ilícito de sustancias a gran escala
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 535-DC-2020
Azogues (Cañar), 19 de junio de 2020.- Cinco días duró la audiencia de juzgamiento, en la que Tribunal de Garantías Penales del Cañar dictó sentencia condenatoria máxima contra Franco V., Karla O., Ángel C. y Paola Q. por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con las agravantes del artículo 47, numeral 5, por almacenamiento y posesión.
Los hechos ocurrieron en julio de 2019, cuando Fiscalía ejecutó un allanamiento en un predio ubicado en la parroquia Javier Loyola de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. En el terreno del inmueble se encontraron enterrados seis sacos de yute, cuyo interior contenía 15.233 gramos de cocaína y 57.067 gramos de marihuana.
Además, dentro de la vivienda se encontraron registros de depósitos bancarios, dinero en efectivo, celulares, balanzas digitales y documentación referente a la venta de dichas sustancias.
Según las investigaciones, los ya sentenciados se dedicaban al almacenamiento, acopio, distribución y venta de sustancias sujetas a fiscalización en Azogues, Cuenca y Gualaceo (Cañar y Azuay).
Durante la audiencia de juicio el fiscal Diego Matute presentó, entre como pruebas, los testimonios de los agentes de Policía de la Unidad Antinarcóticos que participaron en el operativo y constataron el rol de participación de cada procesado, testimonios de peritos que realizaron la inspección ocular técnica al inmueble, el informe de reconocimiento del lugar y de evidencias, y pericias de audio, video y triangulación de llamadas.
Además, los testimonios de los peritos que practicaron las pruebas preliminares homologadas, la verificación, pesaje y análisis químico de las sustancias estupefacientes incautada; presentación de evidencias incautadas y prueba documental.
Franco V., Karla O., Ángel C. y Paola Q. deberán cumplir una condena de diecisiete años y cuatro meses de pena privativa de libertad.
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