Prisión preventiva para servidor público por presunta oferta de realizar tráfico de influencias
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1190-DC-2026
Quito (Pichincha), 14 de octubre de 2026.- Fiscalía formuló cargos contra Roberto Cristóbal A., servidor público del Ministerio de Educación, por su presunta participación en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. El Juez que conoció la causa acogió el pedido fundamentado de Fiscalía y dispuso su prisión preventiva.
La investigación, a cargo de la Fiscalía de Administración Pública, inició el 11 de mayo de 2026. Según los indicios recabados, funcionarios públicos presuntamente habrían ofrecido plazas laborales en instituciones educativas públicas a cambio de beneficios económicos.
Como parte de las diligencias investigativas, la tarde del 13 de octubre de 2026, Fiscalía ejecutó tres allanamientos en Quito: uno en las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en el sector de Iñaquito, y dos en domicilios localizados en Chillogallo y San Juan, al sur y centro de la ciudad, respectivamente.
Durante el operativo se ejecutaron dos órdenes de detención con fines investigativos y una orden de detención para la formulación de cargos. Además, se recabaron teléfonos celulares y documentación relacionada con el caso.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal expuso los elementos de convicción que harían presumir la participación del procesado en los hechos investigados. Entre estos constan informes de seguimiento y vigilancia, un informe de triangulación de llamadas telefónicas, un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el acta de levantamiento de indicios recopilados durante el operativo y documentación relacionada con el caso, incluidas hojas de vida y roles de pago.
La instrucción fiscal tendrá un plazo de noventa días y se tramitará mediante procedimiento ordinario.
Información jurídica
El delito de oferta de realizar tráfico de influencias está tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.