Prisión preventiva para procesado por robo con muerte

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 322-DC-2019

Prisión preventiva para procesado por robo con muerte

Adela A. se encuentra con diagnóstico médico reservado en una casa de salud de Orellana. En las próximas horas estaría previsto su traslado a un hospital de Quito.

Francisco de Orellana, 02 de septiembre de 2019.- “Nadie se defendió”, fue lo que tradujo la intérprete de lenguaje de señas que la Fiscalía de Orellana dispuso para tomar la versión de Víctor Manuel Q. M., ciudadano con un grado discapacidad auditiva del 42%, la tarde del 1 de septiembre de 2019.

En la mañana, Víctor Manuel llegó ensangrentado a su vivienda y se cambió de ropa. Su madre lavó la camisa que llevaba puesto. Luego, otro miembro de su familia habría tratado de esconder esa y las demás prendas que vestía.

Cuando Fiscalía y Policía llegaron al lugar y lo registraron, encontraron la ropa a unos diez metros de la casa. La gorra y los zapatos rojos que vestía el ciudadano, de 22 años de edad, también se incluyeron como indicios para realizar los cotejamientos de ADN con las muestras obtenidas de las víctimas. Todo entró en cadena de custodia.

El domicilio donde se efectuaron las diligencias está ubicado a ocho cuadras de la casa en que, presuntamente, cometió el delito de robo con resultado de muerte, en el barrio Flor de Pantano, en la ciudad de Orellana.

Víctor Manuel fue aprehendido. Lo trasladaron a la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana, luego de que la intérprete le anunciara, en lenguaje de señas, sus derechos constitucionales.

También se determinó que habría consumido marihuana y cocaína, según los exámenes médico-legales practicados inmediatamente.

Antes de la aprehensión

El 1 de septiembre de 2019, a las 08:00, Víctor Manuel Q. M. entró al domicilio de Leonor Paola Y. A., de 24 años (excompañera de colegio), con un cuchillo en la mano y avanzó hasta la sala donde la mujer veía televisión. Intimidada por el arma blanca que portaba el hombre y sin entender el balbuceo amenazante, le entregó su teléfono celular y le pidió que no le hiciera daño.

En ese momento, Adelaida A., madre de Leonor, regresaba de misa y, al verlo con su hija, preguntó: “¿qué hace aquí?”. La respuesta fue una cuchillada superficial en el cuello.

Por la fuerza, el ahora detenido ingresó a la habitación donde dormía María Fernanda, una joven de 22 años con el 82% de discapacidad física, y rebuscó en todos sus cajones. Luego se trasladó con Leonor hasta la sala y de allí hacia la cocina, donde tomó otro cuchillo.

Al regresar a la sala empezó a atacar a Adelaida y la lastimó en la mano. Leonor corrió a la calle a gritar por ayuda. En esos minutos en que Leonor salió por auxilio e ingresó nuevamente a la vivienda, Víctor apuñaló a la madre por la espalda y la lanzó de una altura de ocho metros hasta el lote de la familia contigua, con el cuchillo incrustado en el cuerpo. Después, fue hasta el dormitorio de María Fernanda y la degolló mientras dormía.

Ninguna de las dos puso resistencia, “nadie se defendió”, según la versión entregada por el procesado, horas después, a las autoridades.
Consumados los hechos y con el teléfono celular de Leonor en su manos, Víctor arrojó el cuchillo con el que habría atacado a María Fernanda (+) a pocos metros de la vivienda de las víctimas y se fue hasta su casa, para cambiarse de ropa.

Prisión preventiva

La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se instaló la noche del 1 de septiembre de 2019, en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Francisco de Orellana.

Con los indicios levantados por Fiscalía y Policía durante la mañana y tarde del 1 de septiembre, el fiscal a cargo del caso, Vicente Chamba, procesó al ciudadano por robo con resultado de muerte ante la jueza penal multicompetente, Mireya Torres.

Dato jurídico

El ciudadano quedó con prisión preventiva y con una instrucción fiscal abierta por treinta días, por el delito de robo con resultado de muerte, tipificado en el artículo 189, inciso 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que determina una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

 

 

 

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