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Prisión preventiva para 7 personas vinculadas al proceso por peculado que se sigue en contra de Fernando A.

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 198-DC-2018

Quito, 31 de octubre de 2018.- Ocho personas, 6 exfuncionarios públicos de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y 2 proveedores de servicios, fueron vinculados por la Fiscal General del Estado, subrogante, Dra. Ruth Palacios, a la instrucción fiscal que se sigue en contra de Fernando A., exsecretario nacional de la Secom por el presunto delito de peculado.

La Jueza Nacional Sylvia Sánchez, dictó prisión preventiva para 7 ciudadanos, a todos les dispuso la prohibición de enajenar sus bienes y la inmovilización de sus cuentas. Mientras que a Pablo Y. que forma parte del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado (SPAVT), le impuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país, presentarse todos los días ante la secretaría de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la inmovilización de sus cuentas. La instrucción fiscal en este caso se amplía por 30 días contados desde hoy.

En la audiencia de vinculación, realizada el pasado 29 de octubre en la CNJ, la Fiscal General subrogante, presentó los elementos de convicción que harían presumir la participación de los ahora procesados en el delito de peculado, sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años, según lo dispone el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.

Las investigaciones desarrolladas por la institución se fundamentan en un informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen a los gastos generados y procesados de la contratación realizada por la Secom, en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos efectuados en diferentes lugares del país, entre el 1 de junio de 2013 y 24 de mayo de 2017.

Asimismo, en los contratos firmados entre la Secom (cuando el subsecretario de medios institucionales fue Marco B.) y la empresa Gota Azul, cuyo gerente era su hermano Carlos B; y, con la empresa Satré Comunicación Integral Cía. Ltda., el convenio de pago se realizó entre su representante legal y el Coordinador Administrativo Financiero de la Secom, sin existir un contrato de prestación de servicios. Estos contratos habrían ocasionado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 254.440.

También se menciona que la productora Gota Azul se habría apropiado de los productos entregados por el proveedor Víctor Erique Sarango (fallecido en enero de este año) facturando por cada uno y demostrando así una duplicidad de insumos, lo que habría ocasionado que la Secom pague dos veces por un mismo servicio.

Funciones que desempeñaron los procesados

En relación a Pablo Y., exsubsecretario Nacional de la Secom. Por delegación de Fernando A., habría sido quien suscribió y firmó los contratos anteriormente señalados.

Mientras que Marco B., exsubsecretario de medios institucionales de la Secom, habría solicitado la contratación de Satré Comunicación Integral Cía. Ltda., para que realice una consultoría para mejoramiento de los enlaces ciudadanos.

Carlos B., gerente General de Gota Azul, mantenía un contrato con la Secom para la producción de documentales, cadenas y reportajes con cobertura nacional. El ahora procesado, sin ser funcionario de la Secom, habría solicitado informes de seguimiento a medios de comunicación opositores al gobierno.

Otro procesado, Patricio P., se desempeñó como Subsecretario de medios institucionales de la Secom y fue el administrador del contrato firmado con Víctor Erique Sarango. Habría recomendado el pago de USD 1.500, referente al mes de mayo de 2014, al mencionado proveedor sin que éste haya emitido un informe de actividades de servicio técnico prestado. Patricio P. habría suscrito el acta de entrega recepción de un trabajo que nunca se realizó.

Por otro lado, Juan Ch., exdirector Administrativo Financiero de la Secom, sumilló las órdenes de pago de mayo y junio de 2014 por el servicio entregado por Víctor Erique Sarango. Además, habría recibido un memorándum de Pablo Y. para contratar los servicios profesionales del mencionado proveedor por el valor de USD 12.000 más IVA, sin percatarse que los elementos habilitantes correspondían a años anteriores y otros documentos remitidos con fecha posterior a la firma del contrato.

El procesado Javier L., excoordinador Administrativo Financiero de la Secom, habría firmado el convenio de pago con la productora Satré para la cancelación de los servicios que la empresa habría prestado.

Vanessa S. excoordinadora de Talento Humano subrogante de la Secom, habría autorizado el informe técnico para la contratación de Víctor Erique Sarango, sin observar ni considerar que el perfil del proveedor no cumplía con los requisitos mínimos. Por ejemplo, para brindar el servicio, se requería de una persona con título de técnico audiovisual, sin embargo el proveedor, era bachiller en ciencias químicas.

Mientras que Elsa V. gerente de Satré, a pesar de que nunca se justificaron los motivos para su contratación, ni se establecieron los términos de referencia, ni el objeto para contratarla, habría firmado los convenios de pago con la Secom. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual fue contratada.

Finalmente y de acuerdo al peritaje financiero contable realizado y verificado con el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y los documentos remitidos por el Servicio de Rentas Internas, 7 de los 8 procesados no han podido justificar el siguiente incremento en sus ingresos:

 

 

 

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