Presunto integrante de agrupación terrorista procesado por el delito de tráfico de armas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 324-DC-2023
San Lorenzo (Esmeraldas), 05 de abril de 2023.- Con base en los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, un Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Lorenzo, dictó prisión preventiva contra John Fernando C.C., por el presunto delito de tráfico ilícito de armas.
En la audiencia de formulación de cargos, se informó que la mañana del domingo 02 de abril, en el sector conocido como “La Carbonera”, agentes de la Policía Judicial de San Lorenzo, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía de ese cantón, personal de Inteligencia de la Armada Nacional, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales y la Unidad de Control Operativo Fronterizo, mediante el levantamiento y procesamiento de información obtenida a través de técnicas especiales de investigación, realizaron dos allanamientos en esa localidad.
En uno de los allanamientos se detuvo al hoy procesado, y se decomisó dispositivos celulares, una motocicleta y, con la ayuda de un can especializado, se halló un artefacto explosivo artesanal tipo granada.
Fiscalía presentó el informe de investigaciones, las versiones de los agentes aprehensores, el informe de las Fuerzas Armadas (donde se detallan las acciones efectuadas en el operativo y la destrucción del artefacto explosivo), el acta de levantamiento de indicios hallados en el operativo, entre otros.
En la diligencia también se mencionó que John Fernando C.C., era conocido en el sector como alias “Don Yi”, quien estaría relacionado con el frente de insurgentes “Oliver Sinisterra”, que opera en la frontera con Ecuador-Colombia.
Al concluir la audiencia, el Juez dispuso prisión preventiva para el procesado y notificó el inicio de la instrucción fiscal de 30 días.
Información jurídica
John Fernando C.C., es procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, tipificado en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de cinco a siete años de prisión.
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