Nueve sentenciados por delito de peculado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 206-DC-2020
Quito (Pichincha), 02 de marzo de 2020.- El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha emitió sentencia condenatoria de diecisiete años y cuatro meses para Klever P., Juan M., Edith J., Juan A., Angelita T., Pedro M., José Y., Manuel A. y Pablo C. por el delito de peculado, cometido en contra de José Miguel C; y deberán cancelar 60.000 dólares como reparación integral a la víctima.
El 28 de julio de 2015, la víctima, quien presenta una discapacidad, se acercó a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuka Llakta, en Quito, con el fin de colocar 80.000 dólares en una póliza de acumulación.
Le otorgaron un certificado de depósito por el plazo de tres meses. El 28 de octubre de 2015, cuando se cumplió el plazo, fue renovado. Sin embargo, el 26 de enero de 2016, el denunciante nuevamente a la entidad financiera los directivos le insistieron en que renueve otra vez el certificado de depósito a lo que la víctima se negó y le devolvieron 15.000 dólares, más otros 5.000 de un préstamo a la cooperativa. Es decir, apenas 20.000 de los 80.000 que invirtió. El perjuicio en su contra fue de 60.000 dólares.
En la audiencia de juzgamiento, que culmino el 26 de febrero de 2020, el fiscal de la Unidad Especializada en Administración Publica, Álex Castillo, sustentó su acusación con el informe de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el que se evidencia que se ese emitían créditos sin garantías.
Además del testimonio del perito contable, en el que explicó que el dinero que la víctima invirtió en la cooperativa fue distribuido para varios créditos, ya que tenían una cartera vencida; y el testimonio de una funcionaria de la entidad, quien aseguró que el mal manejo y distribución de los fondos causó el perjuicio a la víctima.
Dato jurídico
Fiscalía procesó a los sentenciados con base en el artículo 278, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de hasta trece años. En este caso se aplicaron agravantes, debido a que la víctima es una persona con discapacidad.
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