La FGE participa en la reunión de fiscales y procuradores de Iberoamérica para acordar acciones en pro de los derechos ciudadanos

BOLETÍN DE PRENSA FGE No 992-DC-2020

La FGE participa en la reunión de fiscales y procuradores de Iberoamérica para acordar acciones en pro de los derechos ciudadanos

Quito (Pichincha), 04 de noviembre de 2020.- La Dra. Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, participa en la vigésima octava Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), que se desarrolla el 4 y 5 de noviembre, de forma virtual.

Este año, está coordinada por el Ministerio Público de Chile, que ejerce la Presidencia de la AIAMP. La sesión inaugural fue dirigida por el fiscal nacional de ese país, Jorge Abbott, junto a la fiscal general del Estado del Reino de España, Dolores Delgado, nación que ejerce la Secretaría Técnica de la Asociación.

La crisis sanitaria mundial ha confirmado que las respuestas nacionales no son suficientes para los desafíos globales. Por ello, la Aiamp ha puesto énfasis en el análisis de situaciones sobre distintos temas en los que la pandemia ha alcanzado a la justicia penal y en los que la coordinación y la cooperación internacional son imprescindibles.

En la Asamblea se expone el resultado de un año de gestión de las diferentes redes permanentes y grupos de trabajo, que han elaborado protocolos y directrices en distintas temáticas, claves para proteger los derechos de la ciudadanía, imponer el imperio de Ley y procurar la reparación de las víctimas. Estas redes cuentan, además, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y de organismos de cooperación multilateral. Entre ellos son socios estratégicos el programa EUROsociAL+ de la UE, que apoya a la Red Especializada en Temas de Género, al Grupo de Protección de Víctimas y Testigos y a la Red Anticorrupción; el Consejo de Europa, que colabora con CiberRed; ILANUD, que asiste al Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil Restaurativa; el programa El PAcCTO, que apoya la Red de Cooperación Penal Internacional, la Red de Fiscales Antidroga y el Grupo de Recuperación de Activos y Decomisos; y la Unodc, que trabaja con la Red Antidroga y con la Red de Trata de Personas.

En Ecuador, la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado coordina entre los puntos de contacto de la Institución y las redes permanentes y grupos de trabajo de la Aiamp.

En la jornada de hoy expusieron los representantes de las redes de Trata de Personas y Migrantes, de fiscales contra la Corrupción, de Minería Ilegal, de Ciberdelincuencia, de Cooperación Penal Internacional, entre otros.

Además, en este encuentro se presentará –para aprobación– la versión actualizada de las “Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos”, documento elaborado con el apoyo de EUROsociAL+ y cuyo texto original (elaborado en 2008) contiene recomendaciones concretas para los máximos responsables de los ministerios públicos y procuradurías. La actualización propuesta tiene un impacto directo en la cohesión social, ya que supondrá un mayor acompañamiento a las víctimas, quienes además de ser atendidas y protegidas, podrán acceder a recursos asistenciales y sociales.

Para ello, las Guías enfatizan la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y habilitan a los fiscales o procuradores nacionales para que propongan reformas normativas o impulsen políticas públicas que aseguren estos servicios, que van más allá del proceso penal.

El contenido del documento constituye un hito trascendental para la región en el derecho de la ciudadanía a un acceso adecuado y eficaz a la justicia. Con ello visibiliza una mirada de los ministerios públicos mucho más amplia sobre el fenómeno delictivo y hace patente que, en su función de protectores de la legalidad, es prioritaria la atención de víctimas y testigos.

Las Guías incluyen, también, el tratamiento a “los confidentes” para garantizar la eficacia de los procedimientos y su seguridad. Asimismo, se amplía el campo de actuación de las fiscalías para proteger a otros actores procesales, como personas privadas de libertad, a los jueces, peritos o cualquier funcionario público que pueda sentirse amenazado en un proceso judicial.

 

 

 

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