Funcionario penitenciario es procesado por presunto ingreso de objetos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 841-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 08 de septiembre de 2021.- Fiscalía procesó a un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), luego de que fuera detenido cuando intentaba ingresar 1.000 dólares a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
En la audiencia de flagrancia, desarrollada en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Robert Acosta presentó entre los elementos de convicción: el parte informativo y de detención, el dinero incautado al procesado y la versión del procesado rendido ante Fiscalía.
El juez de Garantías, Penales Ricardo Ramos, dictó medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación periódica (los lunes de cada semana ante el Juez que llevará el proceso) para Guido Javier B. H., luego de que el procesado presentara y justificara –durante la audiencia– arraigo laboral, familiar y social.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Contexto
Personal de la Policía Nacional, apostado en los anillos de seguridad del ingreso de la Penitenciaría del Litoral, detectó que una persona trataba de ingresar varios billetes adheridos en sus medias. Al pedir identificación del ciudadano, se verificó que era funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
El procesado no indicó los fines para los que pretendía ingresar los 1.000 dólares que tenía en posesión ni a quien iban dirigidos, por lo que fue detenido y trasladado a la Unidad Judicial de Flagrancia Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 275, inciso 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a la persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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