Funcionario de Fiscalía es procesado por concusión

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 417-DC-2021

Funcionario de Fiscalía es procesado por concusión

Quito (Pichincha), 07 de mayo de 2021.- Luego de una denuncia ciudadana, un secretario de fiscal fue aprehendido en delito flagrante y posteriormente procesado por su presunta participación en el delito de concusión. Durante la audiencia correspondiente se le dictó prisión preventiva.

La instrucción fiscal durará de treinta días.

Luego de conocer sobre los presuntos actos de corrupción denunciados por una ciudadana, se ejecutó un operativo para detener a Jaime Vladimir H., funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien se desempeñaba como secretario de la Fiscalía No. 3 de Soluciones Rápidas, en Casa de Justicia, en el norte de Quito.

Él habría exigido 20.000 dólares a la denunciante para agilitar un proceso penal.

La víctima, luego de hacer la entrega del dinero solicitado, informó a las autoridades sobre los hechos. Durante el operativo en el que se detuvo al procesado, se encontró el sobre de dinero que se le había entregado, lo cual fue fijado como evidencia.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó, como elementos de convicción: la denuncia presentada por la ciudadana afectada, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias.

La Jueza, además de las medidas cautelares en contra del procesado, ordenó medidas de protección a favor de la víctima, para que Jaime H. no realice actos de persecución e intimidación a la denunciante o a los miembros de núcleo familiar, ni personales ni a través de terceros.

Debido a la naturaleza del presunto delito, este proceso es acompañado por la Dirección de Transparencia de la FGE, creada para atender posibles actos de corrupción dentro de la Institución.

Dato jurídico

El delito de concusión sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de dinero o bienes.

 

 

 

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