Fiscalías de Pastaza y Napo obtienen sentencias condenatorias por tráfico de drogas
Las sentencias fueron emitidas en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía en las audiencias de juzgamiento realizadas en Napo y Pastaza.
Puyo, 13 de julio del 2016.- Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía permitieron que tres personas sean declaradas culpables por tráfico de drogas, en Napo y Pastaza.
Ante el Tribunal de Garantías Penales de Napo la Fiscalía comprobó la responsabilidad de Juan A., quien fue sentenciado a 10 años de privación de libertad y deberá pagar una multa de 40 salarios básicos unificados ($ 14.640). Mientras que a Luis H. se le impuso una pena privativa de libertad de 5 años y una multa de 20 salarios básicos unificados ($ 7.340).
Los jueces Danilo Iturralde, Ramiro Hidalgo y Marco Pazmiño calificaron las pruebas expuestas por Fiscalía, durante la audiencia de juicio realizada el martes 12 de julio.
En la diligencia la fiscal del caso Judith Torres, expuso que el 30 de marzo del 2016, los dos sentenciados fueron detenidos durante un operativo antinarcóticos efectuado el cantón Quijos, que permitió la incautación de 4.639 gramos de pasta de cocaína.
Como pruebas la Fiscalía presentó la pericia de análisis químico realizada a la droga incautada, un informe pericial de audio y video, el reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias, además el testimonio de agentes de la Policía.
En otro caso los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, sentenciaron a José C. a 5 años de pena privativa de libertad y al pago de una multa de 12 salarios básicos unificados ($ 4.392).
José C. fue detenido durante un operativo liderado por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, en el cantón Pastaza. El sentenciado pretendía entregar 236.7 gramos de cocaína en un centro nocturno, para su distribución y comercialización.
En la audiencia de juicio, desarrollada el martes 12 de julio, la fiscal Paulina Manzano, presentó como pruebas el testimonio de agentes y peritos de la Policía Nacional, además el acta de verificación y pesaje de la droga incautada, una pericia de interceptación de llamadas telefónicas, un informe sobre la extracción de información de equipos informáticos, entre otras.
La Fiscalía acusó a los procesados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a gran escala.