Fiscalía vinculó a cuatro personas al proceso por presunto peculado en el caso Senagua
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 116-DC-2018
Quito, 25 de abril de 2018.- El Juez Nacional Luis Enríquez acogió el pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, y vinculó al proceso por presunto delito de peculado -en el que también es investigado el exSecretario Nacional del Agua, Walter S.- a Jorge B., Wilson M., Carlos G. y Xavier N. Además, les dispuso la prohibición de salida del país, la presentación semanal ante el Presidente de la Corte Provincial de Manabí, el uso de dispositivo electrónico de vigilancia, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de los fondos y activos en el sistema financiero nacional.
La Fiscalía presentó más de 20 elementos de convicción para basar su acusación. Los hechos se suscitaron a partir de 2012, periodo en el que Walter S. cumplía las funciones de Secretario Nacional del Agua, cuando se solicitó una asignación presupuestaria de USD 8,1 millones para cumplir con un acta de mediación suscrita en 2007 entre Senagua y la compañía Ondeo Degremont.
Según las investigaciones, este pago nunca fue cumplido por Senagua. Sin embargo, una parte de los recursos públicos asignados por el Ministerio de Finanzas, se utilizaron para pagar honorarios profesionales de Jorge M. (actualmente prófugo y a quien se le negó la sustitución de la medida cautelar a la prisión preventiva) y de Jorge B., abogados que actuaron en el litigio. Ondeo Degremont no estaba habilitada para realizar transacciones en el país y tampoco tenía representante legal desde julio del 2003, por lo tanto, a la fecha del supuesto cumplimiento del acta de negociación, ninguna persona podía actuar a su nombre.
Wilson M., Carlos G. y Xavier N, cumplían funciones púbicas en Senagua durante el supuesto cometimiento del delito y tenían pleno conocimiento del hecho. Jorge B., y Jorge M., recibieron los fondos públicos, lo que representa un perjuicio para el Estado de USD. 2’450.000.
Datos:
- El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y tiene como sanción una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
- Por las vinculaciones detalladas anteriormente, la instrucción fiscal se amplia por 30 días más y finalizará el 30 de mayo.
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