Fiscalía vinculó a 5 personas por presunta participación en el delito de peculado
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 126-DC-2019
Quito, 10 de junio de 2019.- La Fiscalía General del Estado vinculó a cinco personas, al proceso penal que se sigue por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica.
Los vinculados son Juan S., Jorge A., César G., Gustavo D. y Silvana P.
Por pedido de Fiscalía, el juez nacional Iván Saquicela dictó medidas cautelares de carácter personal y real, como la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la retención de bienes.
La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, presentó alrededor de 60 elementos de convicción en contra de los procesados, mismos que hacen presumir su participación en el delito que se investiga.
La doctora Salazar precisó que esta investigación inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y en la suscripción del convenio entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
Según la Fiscalía, estos cinco ciudadanos -inobservando la normativa legal- habrían aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por 28’ 479. 889 de dólares.
En este caso están procesadas quince personas en total. A diez se les formuló cargos, el pasado 13 de marzo. Entre ellos constan Jorge G., exvicepresidente de la República; y Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos.
Estas personas son procesadas por su presunta participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 257, inciso primero, del Código Penal vigente a la fecha en que se cometió el hecho -subsumido en el artículo 278, inciso primero, del COP- y que contempla una pena de ocho a doce años de privación de libertad.
Con esta vinculación, el plazo de la instrucción fiscal aumenta 30 días más.
Sobre los procesados
- Juan S. y Jorge A. fueron miembros del Comité de Calificación y Evaluación. Aprobaron los documentos de la oferta presentada por el Consorcio DGC.
- César G., propietario y representante de la Compañía Dygoil.
- Gustavo D., ex Secretario de Hidrocarburos.
- Silvana P., apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador.
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