Fiscalía vinculó a 2 personas por presunta asignación irregular de cupos de taxis
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 166-DC-2018
Quito, 02 de agosto de 2018.- Los ciudadanos Javier L. y Julio M., quedaron vinculados a la instrucción fiscal que se sigue por presuntos delitos de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado, concusión y tráfico de influencias -en concurso real de infracciones- dentro de este caso.
La Fiscal Provincial de Pichincha, Ruth Palacios Brito, en la audiencia de vinculación realizada la tarde del pasado 18 de julio, presentó ante el presidente de la Corte Provincial Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, los elementos de convicción que permiten presumir la participación de los ciudadanos en el caso que se investiga.
Javier L., fue vinculado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y tráfico de influencias. Mientras que Julio M. por asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. La instrucción fiscal en este caso se amplía 30 días.
A los dos ciudadanos procesados se les impuso como medidas cautelares personales la presentación cada 15 días ante la Corte Provincial, la prohibición de ausentarse del país y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Además, no podrán enajenar sus bienes.
Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan reportes investigativos de la Policía que dan cuenta que Javier L., no habría podido justificar ni el origen ni la procedencia de USD 18.000 en efectivo, que fueron encontrados en su vehículo durante un operativo policial, en abril de este año.
La Fiscalía Provincial de Pichincha -el 20 de abril de 2018- abrió un proceso penal en contra de ocho funcionarios del Municipio de Quito, incluidos los concejales Sergio G., y Eddy S. En este caso también son procesados los funcionarios del cabildo quiteño Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L., y Mónica G. por un supuesto nexo en la acreditación de cooperativas del servicio de transporte terrestre comercial en taxi de Quito.
Las investigaciones realizadas por Fiscalía, con el apoyo técnico de la Policía, establecen que en Quito existiría una presunta organización integrada por funcionarios públicos y exfuncionarios, que presuntamente exigían coimas a cambio de agilitar trámites dentro del proceso de adjudicación de las compensaciones a los transportistas y en la asignación de 8.693 nuevos cupos de taxis en el Distrito Metropolitano.
Previo a la vinculación, el magistrado Julio Arrieta negó el pedido de suspensión del uso del dispositivo de vigilancia electrónico, solicitado por la defensa de Fausto M., exsecretario de Movilidad del Municipio de Quito, también procesado en este caso.
Dato:
El concurso real de infracciones consta en el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal y detalla: «cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la sanción más grave».
MNC.
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