Fiscalía vincula a 4 personas más a proceso por presunto asesinato durante el 30S
BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1207-DC-2020
Quito (Pichincha), 24 de diciembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G. al proceso por el presunto asesinato de tres personas, ocurrido durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010.
Se dictó, como medidas cautelares, la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Además, se dispuso que la instrucción fiscal se extienda por treinta días más (120 días en total).
Durante la audiencia, la Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, que hacen presumir la participación de los cuatro nuevos vinculados en el presunto delito.
Ahora, un total de nueve personas –entre ellas los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P.– serán investigadas con base en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señalan que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
En el contexto de los hechos investigados, Patricio G. era el comandante del Grupo Especial de Comandos de las Fuerzas Armadas, mientras que Marco C., Fernando C. y Luis O. eran miembros del grupo de fuerzas especiales que formaron parte del operativo que extrajo del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Por su parte, Luis C. dirigió el operativo de extracción del ex Mandatario, el general Hegel P. era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada Jorge P. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Vicente G. era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Jorge M., comandante del Grupo Especial de Comandos.
La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.
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