Fiscalía procesa a 4 personas por tráfico de marihuana
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 156-DC-2026
Quevedo (Los Ríos), 06 de febrero de 2026.- El Juez que atendió la diligencia dispuso prisión preventiva para cuatro personas, a quienes la Fiscalía General del Estado formuló cargos por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Fueron aprehendidas en un inmueble donde se guardaba el alcaloide.
Los procesados en esta causa son Richard O., Byron M., Boris M. y Álex M. El magistrado a también dispuso el inicio de la instrucción fiscal por treinta días, al tratarse de un delito flagrante.
El Fiscal del caso expuso que los hechos investigados ocurrieron en el sector de La Loreto, en Quevedo, donde, a través de inteligencia militar, se conoció que una vivienda del lugar estaba siendo utilizada para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Un equipo de las Fuerzas Armadas ingresó al inmueble y encontró dos paquetes con una sustancia de color verde que, por sus características, fue identificada como marihuana.
La Policía Nacional fue informada sobre el hallazgo y un equipo de agentes acudió al sitio, aprehendió a las cuatro personas que se encontraban en el inmueble y levantó los indicios que se encontraban en el lugar. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de Fiscalía.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Institución presentó, como principales elementos de convicción, el parte policial de aprehensión; las versiones de los agentes policiales y militares que participaron en el operativo; y el informe de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias (la droga encontrada, armas blancas y dinero en efectivo), que fueron ingresadas en cadena de custodia.
También se presentó el informe de análisis de la sustancia encontrada, que dio resultado positivo para marihuana, con un peso de 2.000 gramos.
Información jurídica
El artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, cuando se trata de alta escala.