Fiscalía General del Estado y MIES firman protocolo de cooperación

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 241-DC-2019

Quito, 13 de agosto de 2019.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, suscribieron un protocolo de cooperación interinstitucional que permitirá la adecuada generación de acciones para la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt).

“Este es un protocolo que nos permitirá establecer mecanismos de actuación para la protección de derechos de menores de edad. La Fiscalía tiene ya su línea de acción, al igual que el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Son 321 niños que forman parte del sistema en el que nosotros brindamos protección en compañía del MIES”, señaló la Fiscal General del Estado.

“Estos 321 casos son de menores de edad que se encuentran en las casas de acogida institucional del MIES, que requieren unos procedimientos determinados por su condición, ya que por uno u otro motivo están involucrados en una situación penal, razón por la cual se necesita que su identidad e integridad estén protegidos. Esto requiere de una serie de actividades a fin de garantizar su bienestar”, complementó la ministra Cordero.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de contar con más instrumentos como éste para ampliar la protección de la ciudadanía, sobre todo en aquellos casos en los que está involucrada población vulnerable.

La ministra Berenice Cordero destacó el interés de la Fiscal General del Estado quien –según manifestó– ha tenido la iniciativa de impulsar varias líneas de trabajo en beneficio de niños, niñas y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt) es la entidad encargada de salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de su participación en una causa penal de acción pública, en todas sus etapas, incluida la fase preprocesal, siempre bajo un enfoque de derechos humanos, género y seguridad ciudadana.

 

 

 

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