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Fiscalía formuló cargos contra ciudadano por presunto asesinato en Quito

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 181-DC-2018

Quito, 05 de septiembre de 2018.- La Jueza Geovanna Palacios acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de Edison R., por su presunta responsabilidad en el asesinato del ciudadano de 55 años, David R., cuyo cadáver fue encontrado en el subsuelo de un inmueble ubicado en Carcelén, al norte de Quito. La jueza además indicó el inicio de la etapa de instrucción fiscal que tendrá una duración de 90 días.

La noche del 03 de septiembre, la investigación de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, permitió ubicar el cuerpo de la víctima, reportada como desaparecida por su sobrino, desde el 22 de agosto de 2018. Se presume que habría sido victimado por su socio, hoy detenido, debido a una deuda económica.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Jorge Flores fundamentó su acusación en informes solicitados como parte del protocolo de búsqueda. Es así que se logró determinar que el 22 de agosto los dos sujetos se reunieron en el inmueble -donde posteriormente se encontró el cadáver- para dialogar sobre negocios y subsanar una deuda que mantenía Edison R. con su socio.

Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) ubicaron solo el vehículo de la persona desaparecida en el sector de La Forestal en el sur de Quito. Sin embargo el rastreo satelital y las cámaras de seguridad determinaron que los automotores de los dos socios hicieron el mismo recorrido desde Carcelén hasta el mirador de La Floresta, donde fue abandonado el vehículo de David R.

El lunes 3 de septiembre, luego que Edison R. rindiera su versión libre y voluntaria, el fiscal del caso le hizo notar graves inconsistencias en su relato, razón por la cual confesó que habría asesinado a su socio. Inmediatamente después se organizó el operativo para allanar el inmueble donde se halló el cadáver.

Dato:

El asesinato está tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

 

 

 

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