Fiscalía procesa a María Sol L., y a 5 personas al delito de tráfico de influencias

Fiscalía formula cargos contra 3 personas por anomalías en adjudicación de contratos en Petroecuador

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 053-DC-2018

Quito, 19 de febrero de 2018.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra tres personas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de servicios de limpieza en Petroecuador. El caso parte de un informe presentado por Contraloría y que fue realizado en el período 2014 - 2015. Además, la Jueza de Garantías Penales aceptó la solicitud del Fiscal y dictó medidas cautelares para los tres procesados Julio G., María A. y Nancy J., esto es: prohibición de salida de país, presentación semanal y uso de dispositivo electrónico. La instrucción fiscal durará 90 días. El informe de responsabilidad penal presentado por la Contraloría General del Estado, determina que de los seis contratos examinados, suscritos entre Reyten y la Empresa Pública Petroecuador, cuatro presentan indicios de responsabilidad penal. Sobre este documento se recopilaron versiones de auditores y los ciudadanos investigados para determinar los elementos de convicción presentados por el fiscal Juan Carlos Zúñiga. Asimismo, se solicitó un informe al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Durante la audiencia, el Fiscal Zúñiga señaló que, sobre la base de las investigaciones y pericias realizadas, procesados habrían beneficiado a la empresa Reyten con contratos a pesar de no cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación Pública. Según lo estipula el Artículo 285, del Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de influencias será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, que ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros. En ese mismo sentido, el COIP señala que se aplicará el máximo de la pena cuando los funcionarios se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

Quito, 19 de febrero de 2018.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra tres personas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de servicios de limpieza en Petroecuador. El caso parte de un informe presentado por Contraloría y que fue realizado en el período 2014 – 2015.

Además, la Jueza de Garantías Penales aceptó la solicitud del Fiscal y dictó medidas cautelares para los tres procesados Julio G., María A. y Nancy J., esto es: prohibición de salida de país, presentación semanal y uso de dispositivo electrónico. La instrucción fiscal durará 90 días.

El informe de responsabilidad penal presentado por la Contraloría General del Estado, determina que de los seis contratos examinados, suscritos entre Reyten y la Empresa Pública Petroecuador, cuatro presentan indicios de responsabilidad penal. Sobre este documento se recopilaron versiones de auditores y los ciudadanos investigados para determinar los elementos de convicción presentados por el fiscal Juan Carlos Zúñiga. Asimismo, se solicitó un informe al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP.

Durante la audiencia, el Fiscal Zúñiga señaló que, sobre la base de las investigaciones y pericias realizadas, procesados habrían beneficiado a la empresa Reyten con contratos a pesar de no cumplir con los requisitos de la Ley de Contratación Pública.

Según lo estipula el Artículo 285, del Código Orgánico Integral Penal, el tráfico de influencias será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, que ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros.

En ese mismo sentido, el COIP señala que se aplicará el máximo de la pena cuando los funcionarios se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

 

 

 

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