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Fiscalia apelará resolución de Jueza que otorgó libertad a detenidos en operativo contra delincuencia organizada

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 276-DC-2019

Fiscalia apelará resolución de Jueza que otorgó libertad a detenidos en operativo contra delincuencia organizada

En un operativo liderado por la Fiscalía y la Policía Judicial, ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, robo, extorsión y asesinato. Pese a los indicios presentados en la audiencia, la Jueza dispuso la libertad de los investigados.

Guayaquil, 21 de agosto de 2019.- En los operativos ejecutados por Fiscalía, junto a personal de la Policía Judicial y Grupo de Intervención y Rescate (GIR), ocho personas –dedicadas presuntamente al robo, asesinato y extorsión de comerciantes, conductores de servicio urbano y tanqueros de venta de agua potable que prestan servicio en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil– fueron detenidas.

En audiencia de formulación de cargos, la madrugada de este miércoles 21 de agosto, en la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Reinaldo Cevallos, procesó a Brayan David C. V., Elvia María V. Q., César Elías R. V., Álvaro Lorenzo A. Ch., Carlos José R. M., Cristhian Fernando R. M., Denny Adrián P. S. y Enrique Josué R. M., por el delito de delincuencia organizada, con fines de extorsión, robo y asesinato.

La Fiscalía presentó, como elementos de convicción, las denuncias de perjudicados, las versiones de familiares de víctimas de asesinato, los informes de la Policía Judicial, los partes informativos de vigilancia y seguimiento de los investigados, y la explotación y extracción de información de teléfonos celulares.

A ello se sumaron las evidencias incautadas en los allanamientos, como drogas, armas, cartuchos y municiones, además de documentación y registros de apuntes referentes a dinero entregado por parte de las personas extorsionadas.

A pesar de la abundante evidencia presentada, la jueza de Garantías Penales del Guayas, Tatiana Avellán, resolvió dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, pero no acogió el pedido de prisión preventiva contra los investigados y dictó medidas cautelares, como la presentación de los procesados ante la autoridad y su prohibición de salida del país.

Con la resolución emitida por la Jueza penal, el fiscal Reinaldo Cevallos informó que apelará una vez que la resolución judicial sea notificada por escrito a las partes procesales, luego de lo cual una sala penal del Guayas conocerá y resolverá el pronunciamiento emitido por la Jueza de primer nivel.

Operativos ejecutados

La madrugada del martes 20 de agosto se ejecutaron varios operativos en el sector de Monte Sinaí, en los que participaron seis agentes fiscales que efectuaron once allanamientos que dejaron como resultado seis detenidos, presuntos miembros de una banda delincuencial que opera en este sector.

En dicha organización delictiva participaban, además, dos personas privadas de libertad, que operaban de manera conjunta desde el Centro de Rehabilitación Social, Zona 8, de esta ciudad.

En los operativos se incautaron dos armas de fuego, 174 gramos de marihuana, cartuchos y municiones sin percutir; varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, relojes y anillos de oro, y documentación en la que se registraban las transacciones y pagos de los perjudicados a esta organización.

Los investigados cobraban entre 200 y 300 dólares a los perjudicados, pagos que hacían cada semana, cuando los procesados recorrían comercios y paradas de buses en este populoso sector de Guayaquil.

Dato jurídico

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala: toda persona que, mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas, que planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos o materiales, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

 

 

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