España receptará la versión del abogado de Odebrecht por pedido de Fiscalía ecuatoriana

 Wilson Toainga es el fiscal del caso Odebrecht en Ecuador y desde el jueves se encuentra en Brasil.

Quito, 11 de febrero del 2017.- Para este lunes 13 de febrero está previsto que la Fiscalía de España recepte la versión del abogado brasileño Rodrigo

Tacla Durán. Esta diligencia será en atención al pedido de Asistencia Penal de la Fiscalía ecuatoriana dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht. 

El 4 de enero pasado, la Fiscalía solicitó esta Asistencia Penal para recabar información dentro de las investigaciones por los presuntos sobornos de la constructora brasileña en Ecuador.  

Pues Tacla Durán sería quien sobornó a funcionarios en diferentes países para beneficiar a Odebrecht con contratos de obras. Este abogado se encuentra detenido en España, a pedido de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) por estar procesado en Brasil. 

Entre tanto, el jueves 16 y viernes 17 de febrero, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, mantendrá una reunión con el Procurador General de Brasil y otros Procuradores Generales y Fiscales Generales. En esta cita, que se desarrollará en Brasilia, se analizarán los procesos investigativos relacionados con el caso Odebrecht.   

Desde el jueves 9 de febrero, el fiscal del caso Odebrecht en Ecuador, Wilson Toainga, mantiene rees en Brasil con fiscales de ese país para gestionar la entrega de información sobre este caso. 

La Fiscalía ecuatoriana también recurrió a la Asistencia Penal de Brasil, al igual que a Suiza y EE.UU., entre  el 29 y 30 de diciembre pasado. Sin embargo, hasta este viernes 10 de febrero todavía no ha recibido ninguna información sobre ese requerimiento.

Asimismo, la Fiscalía solicitó información a Contraloría, Procuraduría, Sercop, SRI, Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos.  

A la vez que el 30 de diciembre del 2016, mediante un acto urgente, la Fiscalía General logró que un juez prohíba al Estado y a los gobiernos seccionales que suscriban nuevos contratos con Odebrecht, mientras duren las investigaciones.