Comisión de la Verdad reactiva caso de vulneración de Derechos Humanos, ocurrido hace 40 años

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 200-DC-2017

Quito, 20 de octubre del 2017.- Con el objetivo de investigar los delitos que han vulneraron los Derechos Humanos en el Ecuador, la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado ha retomado algunos casos que quedaron en la memoria colectiva para brindar  reparación integral a las víctimas y sus familiares.

El 17 de octubre de 2017 se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en las instalaciones del Ingenio Azucarero Aztra, hoy Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. COAZUCAR Ecuador, el mismo que contó con la participación de 25 testigos, quienes dieron sus versiones de lo sucedido la madrugada del 18 de octubre de 1977, en La Troncal, provincia de Cañar, donde se produjo uno de los crímenes más cruentos de la historia. Aztra fue el escenario de la masacre de obreros, cuyo número jamás se determinó con exactitud. El hecho respondió políticamente a un régimen de carácter dictatorial, anulando todo tipo de derechos y dejó en la impunidad este caso.

Durante esa mañana, los trabajadores se tomaron las instalaciones del ingenio azucarero exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo que estipulaba el pago del 20% del alza del precio del azúcar. Este levantamiento fue declarado como una huelga ilegal y de forma inmediata se solicitó el desalojo. Más de cien policías habrían actuado de forma represiva, obligando a los trabajadores a lanzarse al canal de riego, donde muchos, ya heridos, perecieron ahogados.

La dictadura habría fabricado una versión en la que hizo responsables a los dirigentes laborales. Los cadáveres desaparecieron, aparentemente habrían sido arrojados a los calderos, mientras a otros se los dejó en el fondo del canal.

La diligencia de reconstrucción de los hechos, contó con la colaboración del Ministerio de Defensa y la Central de Trabajadores, quienes con 25 monigotes recrearon lo sucedido aquel día, para así corroborar  cómo este se ejecutó el hecho.

Se tiene previsto que un perito especializado presente un informe detallado de esta diligencia para determinar si existió el uso progresivo de la fuerza. Se aspira analizar todas las versiones para dar paso a la instrucción fiscal.

 

 

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