Caso Plaga: Fiscalía pide que los 14 procesados por delincuencia organizada sean llamados a juicio
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 231-DC-2025
Quito (Pichincha), 08 de marzo de 2025.- Una vez que el conjuez nacional Edison Cantos declaró la validez procesal de todo lo actuado en esta causa, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, presentó su dictamen acusatorio contra los catorce procesados por presunta delincuencia organizada.
Sobre la base de setenta y un elementos comunes y 111 elementos individuales, Fiscalía acusó a Cristian Geovanny R. M. y Jonathan Roberto A. Sh., como autores directos del delito, en calidad de líderes de la organización criminal.
Mientras que a Gary P., Hugo A., Danny O., Bryan P., Luis L., Jorge M., Patricio C., Galo L., Mellany A., José G., Banny M. y Adriana Z., como colaboradores.
Fiscalía también solicitó al conjuez nacional que todos los procesados sean llamados a juicio y pidió que las medidas de carácter personal y real que pesan sobre los imputados sean ratificadas en su totalidad.
De los catorce, ocho se encuentran prófugos de la justicia, tres cumplen prisión preventiva, dos tienen arresto domiciliario y una procesada se presenta periódicamente ante la autoridad competente.
Los otros quince procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos y fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado.
Durante la presentación del dictamen, el Dr. Wilson Toainga manifestó que “el secuestro del cual ha sido víctima la justicia ecuatoriana ha llevado a que estas prácticas criminales y corruptas tengan como consecuencia la contaminación de las dependencias encargadas de impartir justicia a los ciudadanos, convirtiendo al abuso del derecho en una dinámica habitual e incluso normalizada en las actuaciones, tanto de operadores de justicia, como de abogados en libre ejercicio, funcionarios públicos y personas privadas de la libertad”.
La investigación de Fiscalía señala que, desde 2022, se habría gestado una estructura criminal liderada por el abogado Cristian Giovanny R. M., quien tuvo como co-idearios a L. J. V. V. (sentenciado mediante procedimiento abreviado) y Jonathan Roberto A. Sh., cuya finalidad habría sido obtener beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de ciudadanos privados de la libertad, para lo cual los líderes se valieron de la colaboración de varias personas, tanto en la esfera pública como privada.
En la ejecución de estas acciones, la estructura delincuencial también habría cometido delitos como cohecho agravado, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos e incluso oferta de tráfico de influencias.
El Fiscal General (s) agregó que en este caso se evidenciarían conductas que van desde el liderazgo, planificación y dirección, hasta acciones de colaboración por parte de un sinnúmero de personas articuladas para obtener ilegalmente la libertad de ciudadanos recluidos en los diferentes centros de rehabilitación social de todo el país.
Los acusados habrían instaurado un mecanismo complejamente sistematizado, con roles marcados desde las esferas de intervención de cada actor del sistema de justicia penal.
Entre los elementos presentados en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio constan información financiera de los procesados, materialización de conversaciones de mensajería instantánea, análisis telefónicos, resoluciones judiciales, certificados, documentos y pericias que corroborarían la teoría del caso de Fiscalía.
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