Caso Isspol: Fiscalía procesa a 9 personas por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y de información

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 823-DC-2021

Caso Isspol: Fiscalía procesa a 9 personas por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y de información

Guayaquil (Guayas), 01 de septiembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones por los presuntos delitos de falsedad de información y documental, y procesó –la madrugada de este miércoles 01 de septiembre– a nueve personas que estarían relacionadas en la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a varias instituciones públicas, como el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

En las tres audiencias de formulación de cargos, desarrolladas la madrugada de este miércoles 1 de septiembre en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Fe Pública, Víctor González Delgado, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos de la Policía Judicial, los partes de detención de los procesados, la denuncia junto con los informes y resoluciones de la Superintendencia de Compañías, versiones de los investigados, la pericia contable practicada por un perito del Consejo de la Judicatura y documentación, que junto a bienes incautados como terminales móviles, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento, discos duros y documentación, entre otros, fueron ingresados en cadena de custodia de la Policía Judicial.

En la primera audiencia, el juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra John Roger C. T. (contador de la empresa Ecuagran) por su presunta participación en el delito de falsedad de información.

En la segunda audiencia, el Magistrado dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el Fiscal de la causa para Denisse Cristina S. A. (analista financiera de la compañía Delcor) y Jorge Alfredo B. R.(contador) por presunta falsedad de información.

Finalmente, en la última audiencia de formulación de cargos, el juez Macías resolvió prisión preventiva para Fabián Andrés D. L. y Ana Belén D. R. (gerente y supervisora de la Auditora SMS), mientras que a Einstein D. L. (presidente de Auditora SMS), Jorge Steven P. B., Carlos Damián M. D. y Alejandro Rafael P. T. (todos de Delcorp) les dictó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el Fiscal del caso: fueron procesados por falsedad documental en el mercado de valores.

La instrucción fiscal terminará en noventa días.

Contexto

Fiscalía inició una investigación tras la denuncia presentada en septiembre de 2020 por el superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Anchundia Places, en contra de la Auditora Externa SMS, que habría aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar solvencia económica de las compañías Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. (Ecuagran), también investigadas.

Con ello, la Superintendencia de Compañías permitió ofertar al mercado bursátil, títulos de valores por treinta millones de dólares, pero este dinero –que debía de servir para el pago a las instituciones públicas– nunca les fue entregado, sino que habría sido utilizado para el pago de sus deudas contraídas.

La madrugada del martes 31 de agosto de 2021, la Fiscalía del Guayas y la Policía Judicial ejecutaron nueve allanamientos a viviendas y oficinas en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, donde nueve personas –entre funcionarios y exfuncionarios de las compañías involucradas– fueron detenidas y luego trasladadas a la Unidad Judicial Sur Valdivia, y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

En los lugares allanados se incautaron diecisiete terminales móviles, cuatro laptops, catorce dispositivos de almacenamiento, dos discos duros y documentación.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso por los delitos de falsedad de información y falsedad documental en el Mercado de Valores, con base en los artículos 312 y 314 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respectivamente, que son sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

 

 

 

 

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