Caso Goleada: Fiscalía vincula a Raúl Ch. a la investigación por presunta delincuencia organizada

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 377-DC-2026

Quito (Pichincha), 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado vinculó a Raúl Ch. a la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en la que otras once personas también son investigadas. El Juez de la causa acogió el pedido del Fiscal y dispuso prisión preventiva como medida cautelar.

Además, ordenó la inmovilización y el congelamiento de los fondos que mantiene el procesado en el Sistema Financiero Nacional, y que la instrucción fiscal se extienda por treinta días adicionales.

Según lo expuesto en la audiencia de vinculación, Fiscalía sustentó la formulación de cargos en elementos de convicción que permiten presumir que el ahora procesado mantendría vínculos comerciales con empresas que forman parte del entramado investigado y, por tanto, con los demás procesados en esta causa.

Entre estos elementos consta una versión en la que se señala que Raúl Ch. habría sido beneficiario de transferencias de dinero –de forma personal y a través de su empresa– por parte de personas jurídicas investigadas, sin que exista una relación comercial que las justifique. Según Fiscalía, esto evidenciaría una presunta simulación de servicios para obtener beneficios económicos indebidos.

Asimismo, se evidenció el traspaso de un vehículo a la empresa del ahora procesado, CHN S.A., sin que exista registro del pago correspondiente.

Estos hechos se sustentan en otros elementos de convicción presentados en la audiencia, como conversaciones grupales obtenidas mediante pericias a dispositivos entregados por el denunciante, así como información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido creado para vulnerar la seguridad del Estado y el Sistema Financiero Nacional, sin activar alertas en las instituciones de control.

El caso se enmarca en actividades relacionadas con la comercialización de combustibles, mediante un esquema societario destinado a generar ganancias ilícitas.

Según la investigación, a través de empresas de papel –domiciliadas en Panamá–, los procesados habrían desviado combustible de los segmentos automotriz y naviero nacional (que cuentan con subsidio) hacia otros segmentos, donde se comercializaba sin subsidio, obteniendo beneficios indebidos. El perjuicio para el Estado se estima en alrededor de 100 millones de dólares.

El Fiscal del caso indicó que esta presunta estructura se habría configurado en cinco eventos, a partir de 2021, lo que permitiría configurar el delito de delincuencia organizada.

Información jurídica

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).