Fiscalía formuló cargos contra juez penal por presunto enriquecimiento ilícito
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1303-DC-2026
Quito (Pichincha), 14 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Renán Eduardo A. C., exjuez de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y actual juez penal, como presunto autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
Antecedentes del caso
La investigación previa se inició el 24 de julio de 2025, a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha, a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal (IIRP) remitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Este documento contiene el análisis de cinco declaraciones patrimoniales juradas del ahora procesado.
Sobre esta base, la investigación apuntaría a un presunto incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de sus funciones como servidor público, primero como defensor público y posteriormente como juez, entre el 1 de enero de 2020 y el 21 de febrero de 2025.
Según el informe de la Contraloría, el investigado habría registrado un incremento patrimonial injustificado de 407.101,49 dólares. A este valor se sumaría un monto aproximado de 175.820,32 dólares correspondiente a pagos de deudas de tarjetas de crédito. El origen de los fondos presuntamente no habría sido justificado.
En este sentido, la diferencia patrimonial no justificada ascendería a 582.921,81 dólares, monto por el cual la CGE determinó indicios de responsabilidad penal.
Además, el análisis identificó presuntas inconsistencias respecto al origen de los recursos utilizados para adquirir tres vehículos, cuyo valor conjunto asciende a 58.691,20 dólares.
Como parte de las diligencias investigativas, la madrugada del 20 de octubre de 2026, Fiscalía ejecutó un allanamiento en el domicilio del investigado, ubicado en el norte de Quito.
La audiencia
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, presentó cuarenta y cuatro elementos de convicción que sustentarían la presunta existencia de un incremento patrimonial injustificado.
Entre los elementos expuestos constan el IIRP de la CGE, el reporte tributario del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el informe investigativo elaborado por la Unidad Nacional de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública de la Policía Nacional.
También se incorporó el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), documentación del Consejo de la Judicatura, del Registro Civil y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como información de entidades financieras y el parte operativo del allanamiento ejecutado en octubre de 2026.
Al finalizar la diligencia, la jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó las medidas cautelares de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico.
Asimismo, como medidas cautelares de carácter real, dispuso la retención de hasta 582.921,81 dólares.
El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 279, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).