Caso BB: Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez y 5 personas más, procesadas por presunto lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 888-DC-2026

Quito (Pichincha), 29 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra seis personas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Los procesados integrarían una red que habría obtenido dinero de forma ilícita mediante actividades relacionadas con la minería ilegal y la distribución de explosivos.

Luego de haber analizado los elementos de convicción expuestos por Fiscalía, el Juez Especializado en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa acogió el pedido formulado por la Fiscal del caso y dictó prisión preventiva para Elías Baldor B., exalcalde de Camilo Ponce Enríquez; Ana Yomira B.; Jeniffer Carolina C.; Simón Bolívar C.; Johanna Bélgica C.; y Luis Javier L. Asimismo, dispuso el inicio de la instrucción fiscal por el plazo de noventa días.

Como medidas cautelares de carácter real, el Magistrado ordenó la incautación de los vehículos e inmuebles que habrían sido adquiridos durante el período investigado, la prohibición de enajenar bienes obtenidos incluso fuera del período de análisis y el congelamiento de las cuentas que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.

Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía informó que la investigación se inició a partir de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre operaciones inusuales e injustificadas relacionadas con las personas ahora procesadas. Según ese reporte, habrían movilizado más de 9 millones de dólares en el sistema financiero, sin que exista justificación sobre el origen de dichos recursos.

De acuerdo con la teoría del caso de Fiscalía, Elías Baldor B., a través de una empresa de su propiedad, habría desarrollado actividades de minería ilegal, efectuando facturación irregular y exportaciones de oro sin sustento sobre la adquisición o extracción legal del mineral. Además, junto con los demás procesados, habría participado en las distintas fases del presunto lavado de activos, incorporando al sistema financiero recursos que no guardaban relación con la actividad económica declarada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Entre los principales elementos de convicción presentados constan los informes financieros elaborados por la UAFE y la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Estos documentos evidenciarían movimientos económicos injustificados y discrepancias entre los ingresos registrados y los declarados. Según los reportes, el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez registró ingresos superiores a 377.000 dólares, mientras que únicamente declaró ingresos por 19.000 dólares.

Fiscalía también presentó información sobre movimientos migratorios, registros de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), documentación de la Superintendencia de Compañías relacionada con la participación accionaria de los procesados y registros de cuentas y movimientos bancarios. Asimismo, incorporó certificaciones que acreditarían que los investigados no cuentan con permisos para desarrollar actividades de extracción minera.

Finalmente, se incorporaron los resultados de los allanamientos ejecutados durante la madrugada del 29 de julio, en los que se incautaron aproximadamente 250.000 dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otras evidencias de interés para la investigación.

Información jurídica

El delito de lavado de activos se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).