Fiscalía obtiene ratificación de sentencia por tráfico de fauna silvestre
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 814-DC-2026
Santa Cruz (Galápagos), 07 de julio de 2026.- La Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas negó el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de Paúl Adolfo T. M. y ratificó la sentencia condenatoria de tres años de prisión por el delito contra la flora y fauna silvestres.
La decisión confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de primera instancia, que declaró la responsabilidad del procesado por la sustracción de 123 crías de tortugas gigantes, registrada el 28 de septiembre de 2018, en Santa Cruz, Galápagos.
Durante la audiencia de apelación, Fiscalía sustentó sus argumentos jurídicos y señaló que los jueces de primera instancia valoraron la prueba directa y los indicios obtenidos durante la investigación, elementos que permitieron establecer la responsabilidad del sentenciado.
Además de la pena privativa de libertad, la Sala confirmó la multa de diez salarios básicos unificados y el pago de 669.000 dólares como reparación integral al Parque Nacional Galápagos, por los gastos generados en la crianza y cuidado de las especies afectadas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por autoridades del Parque Nacional Galápagos. Como parte de las diligencias, Fiscalía recopiló audios en los que los involucrados explicaban la presunta sustracción de ejemplares de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, así como su posterior comercialización en el mercado clandestino.
Además, la triangulación de llamadas telefónicas permitió relacionar al sentenciado con otros participantes y establecer la existencia de una presunta estructura dedicada al tráfico de especies.
Según la investigación de Fiscalía, el mecanismo utilizado habría consistido en reemplazar tortugas del Centro de Crianza por ejemplares silvestres sin chip de identificación. Estos eran marcados manualmente para evitar alertas, pese a que las especies del Parque Nacional Galápagos cuentan con un sistema técnico de identificación mediante quemadura de placa de hierro.
Durante las diligencias se detectaron inconsistencias entre los tamaños y edades de las tortugas registradas en los corrales de crianza.
Información jurídica
Este caso fue procesado por el delito contra la flora y fauna silvestres, tipificado en el artículo 247, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente a la fecha de los hechos. Esta norma sancionaba con pena privativa de libertad de uno a tres años el transporte, tenencia y porte de especímenes de flora y fauna silvestres terrestres de especies amenazadas o en peligro de extinción.