Fiscalía obtiene sentencia de 6 años de prisión por uso doloso de documento falso

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 671-DC-2026

Rumiñahui (Pichincha), 29 de mayo de 2026.- Fernando M. P. fue sentenciado a seis años con ocho meses de prisión, como autor del delito de uso doloso de documento falso. Como multa tendrá que cancelar doce salarios básicos unificados a la administración de justicia y, una vez ejecutoriado el fallo condenatorio, deberá ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía en un diario de circulación nacional.

Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal del caso explicó al Tribunal de Garantías Penales que el 6 de agosto del 2018, en las instalaciones la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Rumiñahui –ubicada en Sangolquí–, Fernando M. P. presentó una oferta dentro del proceso contractual de alianza estratégica para la ejecución integral del proyecto plan de vivienda de interés social y prioritario denominado “Ciudad el Rosario”.

El ahora sentenciado acudió a nombre y representación del Consorcio Constructores Asociados Internacionales, conformado por las empresas “Enlace Ferroviario Internacional S.A” y constructora “Gallo Meda S.A”, de las que él era el apoderado.
Sin embargo, de los dieciséis documentos que conformaban la oferta presentada por Fernando M. P, trece tenían las “firmas” del ciudadano C. A. A. M., denunciante en este caso, “rubricas que no le corresponden, ni gráfica ni morfológicamente”, afirmó el perito grafotécnico en su testimonio.

“Es decir, Fernando M. P. utilizó documentos privados falsos, para obtener la adjudicación de dicho contrato, como efectivamente sucedió el 15 de septiembre del 2018”, sostuvo el Fiscal del caso durante su acusación.

Uno de los ex gerentes de la empresa pública de ese entonces, dijo en su testimonio que difundieron en un periódico de circulación nacional el llamamiento a invertir en el proyecto para construir 1.923 viviendas de interés social, e indicaron que los interesados debían retirar los pliegos en Hábitat y Vivienda.

Entonces, catorce personas retiraron las bases para participar en el proceso contractual y cuatro presentaron las ofertas, entre ellos Fernando M. P., como parte del consorcio conformado por las dos empresas mexicanas.

Así también, entre los documentos presentados, consta una carta de crédito emitida por un banco nacional por 30 millones de dólares, dinero que supuestamente era la inversión privada. Al consultarse a dicha entidad, precisó que no existe la emisión de dicha carta, como tampoco los códigos de una entidad bancaria del exterior que sustenten la existencia de ese capital, dijo otro exgerente de la empresa pública.

El contrato de alianza estratégica precisaba que el Consorcio estaría encargado del financiamiento para construir viviendas, locales comerciales, estacionamientos, vías de acceso y otros; mientras que la Empresa Pública entregaría el terreno, la ordenanza especial del proyecto, estudios y diseños, así como los permisos y certificaciones correspondientes.

Por el mismo delito de uso doloso de documento falso, Fernando M. P. ya tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada de 6 años de reclusión menor, en un caso de falsificación de firmas en los formularios de recolección de rúbricas de partidos y movimientos políticos, que data de 2012.

Información jurídica

Este caso se procesó y sentenció con base en el artículo 328, incisos segundo y tercero del Código Orgánico Integral Penal (COIP).