Fiscalía procesa a Exjuez anticorrupción por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 449-DC-2026
Tulcán (Carchi), 13 de abril de 2026.- Christian Luvin Q. C., exjuez anticorrupción de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, está con prisión preventiva.
Fiscalía abrió en su contra una instrucción de treinta días por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
El ahora procesado fue aprehendido en el Puente Internacional de Rumichaca, en Carchi, la madrugada del 12 de abril de 2026.
Sobre él pesaba una orden vigente de prohibición de salida del país, en un caso seguido por asociación ilícita que data de octubre de 2025 y por el que Fiscalía espera el señalamiento de día y hora para la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Durante la diligencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, instalada en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Tulcán, la Fiscal de turno en flagrancia presentó más de cinco elementos de convicción para sustentar su teoría del caso.
Entre estos constan las versiones de los agentes aprehensores, el informe de inspección ocular técnica y fijación de indicios (pasaporte) y el Certificado de Movimientos Migratorios de Colombia, el cual cercioraría la inadmisión del ciudadano para ingresar a dicho país.
Así también, las copias certificadas del acta de la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita, en el cual se dispuso las medidas cautelares de presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, (COIP): “la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.