Caso Reconstrucción de Manabí: Jorge G. y Carlo B. son llamados a juicio; Fiscalía apeló el sobreseimiento a los otros 7 procesados

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 472-DC-2025

Quito (Pichincha), 20 de mayo de 2025.- El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Aguirre, llamó a juicio a Jorge G., presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y exvicepresidente de la República, y a Carlos B., exsecretario técnico del Comité, como presuntos autores directos del delito de peculado, cometido en el contexto de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de abril de 2016.

Asimismo, el Magistrado sobreseyó a los otros siete procesados en esta causa: Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico; Walter Hipólito S., exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP); Boris Sebastián C., exministro de Transporte y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; Víctor Salvador J., exdirector del Secob; y, Milton Daniel M., exdirector de Inmobiliar.

Al no estar de acuerdo con esta decisión, la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, apeló de forma oral la resolución y en las próximas horas presentará la apelación de manera escrita. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía presentó más de 300 elementos de convicción que evidenciarían que los nueve procesados habrían abusado del dinero público que tenía como fines la reconstrucción de la zonas afectadas, a través de proyectos prioritarios.

El caso

Luego del terremoto de 7,8 grados que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, mediante el Decreto Ejecutivo 1004, se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Jorge G.

Posteriormente, se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, cuyo propósito era recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos que permitieran la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva y económica de las zonas afectadas.

El monto de las contribuciones solidarias y el 2% del IVA alcanzaron la suma de 1.614’348.387,20 dólares. Pero este dinero de los ecuatorianos se destinó a proyectos no prioritarios (al menos once identificados) y habría beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización.

Un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de la Contraloría General del Estado, evidenció que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto y que –en su lugar–, el dinero se destinó para la construcción de obras no contempladas en esa categoría, cuyo financiamiento provino de los fondos de la Ley de Solidaridad que eran específicos para enfrentar las consecuencias del desastre natural.

Según la investigación fiscal, Jorge G. habría participado en las sesiones del Comité de mayo de 2016 a mayo de 2017 y habría estructurado el ámbito de trabajo de los equipos. Además, se habría extralimitado al tomar decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros del Comité.

Mientras que Carlos B. habría tenido conocimiento de todas las resoluciones adoptadas por el Comité y suscrito todas las actas; habría coordinado, efectuado seguimientos a los proyectos, solicitado reportes y requerido fondos para financiar los proyectos a ejecutarse (que no guardaban relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad).

Información jurídica

Este caso se judicializa por el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

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