9 funcionarios carcelarios procesados por presunto fraude procesal

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 531-DC-2020

9 funcionarios carcelarios procesados por presunto fraude procesal

Portoviejo (Manabí), 19 de mayo de 2020.- La Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunto fraude procesal contra nueve funcionarios carcelarios, entre ellos el Director del Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Rodeo. Fueron detenidos la madrugada de este jueves, en un operativo ejecutado con el apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional. Juez dictó prisión preventiva contra cuatro de ellos y medidas alternativas para los otros cinco.

Las detenciones se efectuaron durante los 10 allanamientos ejecutados en el marco de una investigación sobre presuntos beneficios que habrían recibido varias personas privadas de libertad (PPL), para que salgan en libertad bajo la modalidad de prelibertad o semiabierto.

Los procesados laboraban en el área administrativa del CRS (dirección, salud, educación y gestión judicial, entre otros).
Según la investigación de Fiscalía, los procesados formarían parte de una organización que cometía el presunto delito al interior de El Rodeo: los ahora procesados habrían solicitado y emitido documentos a favor de las PPL para otorgar beneficios penitenciarios e inducir al error procesal a la administración de justicia. Estos hechos fueron descritos y fundamentados en el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos.

Durante los allanamientos se decomisaron nueve teléfonos móviles, equipos electrónicos y documentación relacionada con el presunto delito, los cuales fueron presentados durante la audiencia de formulación de cargos.

El Fiscal del caso fundamentó la acusación con la presentación de los suficientes elementos de convicción recabados durante la investigación. El Juez señaló el inicio de la instrucción fiscal de noventa días.

El delito de fraude procesal está tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, a la persona que engañe o induzca al error en un procedimiento penal.

 

 

 

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