7 años de prisión por tráfico de armas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 099-DC-2021
Guayaquil (Guayas), 02 de febrero de 2021.- Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de siete años de pena privativa de libertad para Carlos Alberto C. L. por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Fue detenido en febrero del 2020, en su domicilio, con un arsenal armas de grueso calibre, como pistolas, revólveres, una subametralladora, carabinas, alimentadoras y cartuchos sin percutir.
En la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Gestión de Audiencias, Livaneza Gálvez Morales, presentó como pruebas: el parte policial de aprehensión, los informes investigativos de la Policía Judicial, los informes de reconocimientos del lugar de los hechos y las pericias balísticas (que demostraron que las armas incautadas se encontraban en excelentes condiciones y listas para su uso).
También, las certificaciones emitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Logística del Centro de Control de Armas, que indicaron que el procesado no se encontraba registrado y no tenía permisos para poseer y portar armas de fuego; y, el testimonio de ocho personas, entre peritos criminalísticos, agentes aprehensores e investigadores.
El Tribunal Penal del Guayas, conformado por Fernando Lalama, Marlon Castro y Guedis Cevallos, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió sentencia condenatoria de siete años de prisión contra Carlos Alberto C. L., imponiéndole, además, una multa de veinte salarios básicos unificados (8.000 dólares) y que emita disculpas públicas como reparación integral a la sociedad.
El 11 de febrero de 2020, luego de conocer denuncias reservadas, Fiscalía y Policía Judicial ejecutaron un allanamiento a un inmueble situado en la Cooperativa Horizontes del Fortín, en el norte de Guayaquil, donde Carlos Alberto C. L. Fue detenido, debido a que se le encontró armamento, cuyo origen no pudo ser justificadas por el ya sentenciado.
Según las investigaciones, el armamento incautado habría estado destinado para el cometimiento de asaltos, robos y sicariato. El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia y puesto a órdenes de las autoridades judiciales, mientras que el armamento fue ingresado en cadena de custodia de la Policía Judicial.
Dato jurídico
Este caso se procesó con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años, a la persona que posea, distribuya, almacene o conserve, armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente.
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