40 años de prisión por asesinato de 2 personas privadas de libertad
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1245-DC-2026
Cuenca (Azuay), 28 de octubre de 2026.- Anderson Javier V. fue sentenciado a la pena máxima agravada de cuarenta años de privación de libertad por su autoría en el asesinato de dos personas que estaban recluidas en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Azuay No. 1.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:25, del 1 de noviembre de 2025, en el pabellón de mediana seguridad “JA”. Las víctimas, de 33 y 39 años, se encontraban repartiendo el desayuno, en compañía de agentes de la Policía.
Cuando se acercaron a la celda No. 4, observaron que por la rejilla salió una mano que sostenía un arma de fuego, con la cual se disparó contra las víctimas, quienes fallecieron en el sitio.
Los agentes aprehendieron a Anderson Javier V., quien era el único privado de libertad recluido en esa celda. Entre las evidencias se levantaron un arma de fuego y varios indicios balísticos.
En la audiencia de juicio, Fiscalía presentó el testimonio de la perita médico-legal que practicó las autopsias y determinó que la víctima de 33 años recibió ocho disparos, mientras que la de 39 años recibió uno.
También rindieron sus testimonios los policías que presenciaron los hechos y el perito que efectuó la inspección ocular técnica, el levantamiento de los cadáveres y la pericia balística. Esta última concluyó que el arma de fuego incautada es apta para producir disparos.
Entre la prueba documental constan un informe investigativo del personal de la Dinased y documentación proporcionada por el CPL Azuay No. 1., que certifica que Anderson Javier V. permanecía recluido en la celda No. 4 en la fecha de los hechos.
Tras haber analizado los elementos probatorios expuestos por Fiscalía, el Tribunal Penal de Azuay impuso la sentencia y ordenó que, como reparación integral, Anderson Javier V. cancele 124.080 dólares a los familiares de la víctima de 33 años y 118.440 dólares a los de la víctima de 39 años.
Información jurídica
El delito de asesinato está tipificado y sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. La pena se incrementó en un tercio por la circunstancia agravante prevista en el numeral 14 del artículo 47 del mismo cuerpo legal, referente a afectar a varias víctimas por causa de la infracción.