3 personas más vinculadas al caso de compra de insumos médicos con presunto sobreprecio en la Prefectura del Guayas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 584-DC-2020
Guayaquil (Guayas), 03 de julio de 2020.- El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Alfonso Ordeñana, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Sandra A. A., Javier V. A. y Lizbeth M. C., por el presunto delito de tráfico de influencias, dentro del proceso en que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura de esta provincia, durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
En audiencia de vinculación, a través de videoconferencia, la tarde de este viernes, la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez Oñate, presentó como elementos de convicción: la declaratoria de emergencia iniciada el 23 de marzo de 2020 y su respectiva ampliación -emitida 51 días después- en la provincia, suscrita por el entonces prefecto, Carlos Luis M. B., que tenía como fin mitigar la propagación de coronavirus en esta jurisdicción.
A ello sumó la explotación de fuentes de información, como redes sociales y medios de comunicación, así como de otras instituciones, entre estas, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública, en las que se identificaron personas y direcciones de diferentes compañías que habrían participado en el proceso de compras de insumos médicos.
En la investigación, Fiscalía determinó aparentes irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para la detección del Covid-19, con presunto sobreprecio. Los contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo de la Provincia del Guayas (Prefectura) con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el entonces Prefecto, Carlos Luis M. B.
Algunas de estas empresas se habrían encontrado en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas y otras no habrían coincidido con los lugares señalados y registrados en las instituciones que controlan sus actividades.
Sandra A. A. y Javier V. A. serían propietarios y accionistas de empresas contratantes, mientras que Lizbeth M. C. fue la funcionaria de la Prefectura encargada de la Coordinación Provincial de Compras Públicas.
El presidente de la Corte, Alfonso Ordeñana, además de la prisión preventiva emitida contra los tres investigados, acogió el pedido de medidas cautelares reales solicitadas por Fiscalía y dispuso la enajenación de bienes inmuebles y vehículos, la retención de dinero en el sistema financiero bancario nacional, en cuentas de ahorros, corrientes, depósitos a plazo e inversiones.
También dispuso la ampliación de la instrucción fiscal a 120 días.
Los tres procesados aún no han sido detenidos.
Contexto
La Fiscalía General del Estado (FGE) procesó, el pasado 4 de junio, a ocho personas que fueron detenidas en Guayaquil, en operativos liderados por la Fuerza de Tarea multidisciplinaria, con el apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional, para quienes se dictaron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
En ese grupo de procesados se encontraba el exprefecto del Guayas (+) Carlos Luis M.B.
Fiscalía procesó este caso, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico de influencias, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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