25 llamados a juicio por presunto peculado en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1068-DC-2026

Esmeraldas (Esmeraldas), 15 de septiembre de 2026.- Con base en los elementos de convicción presentados por el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Juez de la Unidad Anticorrupción dictó auto de llamamiento a juicio contra 25 personas —entre funcionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y particulares— por su presunta participación en el delito de peculado.
Fiscalía inició la investigación de este caso en marzo de 2022, tras recibir una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de una obra de aproximadamente 12 millones de dólares, destinada a la construcción y ampliación de muelles de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas.
Según la investigación, algunos funcionarios de la entidad habrían favorecido a una empresa extranjera que obtuvo el contrato pese a que, al momento de la adjudicación y suscripción, no tenía registrado su domicilio fiscal en Ecuador ni contaba con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Los pliegos del proceso establecían como requisito que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que participaran en la licitación mantuvieran su domicilio fiscal en Ecuador. Fiscalía sostiene que la Comisión Técnica encargada de calificar las ofertas y otros funcionarios procesados habría declarado ganadora a una empresa que no cumplía esta condición.
Entre los llamados a juicio constan personas que habrían fungido como exgerentes de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y funcionarios que intervinieron en las fases precontractual, contractual y de ejecución. También están el representante legal del Grupo Industrial JPDR Sociedad Anónima de Capital Variable, dos contadores de esa empresa, una persona que habría actuado como intermediaria —quien no sería funcionaria pública ni tendría relación de dependencia con la compañía— y varios de sus familiares y allegados.
El Fiscal del caso señaló que los procesados serían parte de una red de corrupción que habría intervenido en la contratación, ocasionando un perjuicio al Estado.
De las veinticinco personas procesadas, veintidós cumplen actualmente medidas alternativas, entre ellas, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Addis A., Bronny A. y Julio G. tienen orden de prisión preventiva; sin embargo, la fase de juzgamiento de estos tres procesados está suspendida debido a que permanecen prófugos de la justicia.
Servidores públicos: Iván R., Jéssica H., Rapahel M., Julio O., Nathalie V., Rafael I., Ana A., Gabriel H., Henry A., Cristina M. y María S.
Particulares: Addis A., Erika G., Kleber V., Carlos I., César G., Gustavo V., Bronny A., Norma N., Xavier A., Ahmed M., Julio G., Daniel A., Félix A. y Raúl T.
Datos adicionales:
- En enero de 2023, Fiscalía efectuó allanamientos como parte de esta investigación.
- El 17 de octubre de 2023, formuló cargos contra doce personas por presunto peculado.
- El 1 de febrero de 2024, vinculó a dieciocho personas a la causa.
Las defensas solicitaron el diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio en más de diez ocasiones.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.





