11 personas naturales y 9 jurídicas son llamadas a juicio por presunto lavado de activos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 486-DC-2026
Quito (Pichincha), 17 de abril de 2026.- Con base en el dictamen acusatorio de Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio contra once personas naturales y nueve jurídicas, entre ellas ADN Escuela de Negocios, por presunto lavado de activos.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló el 24 de marzo de 2026 y se desarrolló durante ocho jornadas, la última de las cuales tuvo lugar el 16 de abril.
Durante la diligencia, la Fiscal del caso fundamentó su dictamen acusatorio y solicitó que los veinte procesados, entre personas naturales y jurídicas, sean llamados a juicio.
Asimismo, Fiscalía presentó los elementos de convicción que respaldan su acusación, entre ellos constan el ROII remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que contiene un análisis de información societaria, financiera y económica, y una pericia en derecho, que evidenciaría irregularidades en contratos y documentos financieros. También se refirió al anuncio de la prueba que practicará en el juicio.
El caso
En febrero de 2023, la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía inició una investigación con base en el ROII remitido por la UAFE, respecto a cuatro personas naturales y dos empresas que habrían ingresado, de forma inusual e injustificada, más de 24 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional.
En octubre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra siete personas naturales y dos empresas (ADN Escuela de Negocios S.A.S. y Blue Services Invtech S.A.S.) por presunto lavado de activos.
Posteriormente, en enero de 2025, la Fiscal del caso vinculó a cuatro personas naturales y siete jurídicas a la instrucción fiscal de esta causa.
Información jurídica
La Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de hasta trece años de privación de libertad.