La investigación de la Fiscalía General del Estado permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero: se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
Mediante Resolución No. 001/08, del 31 de enero de 2008, el Directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conecel) resuelve “Declarar de alta prioridad nacional al Proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, de 1500 MW de capacidad, a desarrollarse por parte del Gobierno Nacional, en la provincia de Napo, cantón El Chaco, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda”.
Se publica la convocatoria de licitación No. CCS-001-2008 para la “Contratación de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, de 1500 MW de capacidad”.
Durante el proceso de contratación, se dispone que los oferentes incluyan en su propuesta el financiamiento para su construcción. Además, se limita la participación de ofertantes, ya que el valor de la obra oscilaba alrededor de 1.682’000.0000 de dólares, equivalente al 85% del costo de la obra, mientras que el Estado ecuatoriano asumiría el 15% restante. Es decir, la obra tenía un valor total de 1.979’700.000 dólares.
Presentan su oferta: Gezhouba y Sinohydro Corporation (esta última inicialmente había presentado su oferta como parte del Consorcio Sinohydro – Andes JV Cía. Ltda.).
La Junta General de Accionistas de Coca-Codo Sinclair acepta la oferta de Sinohydro Corporation, autorizando a Ítalo Centanaro, gerente general de Coca-Codo Sinclair, firmar el contrato bajo la modalidad Engineering Procurement and Construcción “EPC”, conocido también como “llave en mano”.
La empresa ecuatoriana Comercial Recorsa C. A. cambia el objeto social de la compañía, incluyendo en el mismo las actividades de representación, asesoría y consultorías para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país.
Se suscribe el contrato de préstamo entre la República del Ecuador y el Eximbank de China, por 1.682’745.000.000 dólares, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.
Recorsa C. A. abre una cuenta corriente en el Banco Pichincha Panamá, donde –posteriormente– serían depositados dineros por parte de Sinohydro Corporation.
De la cuenta bancaria del Bank of China –perteneciente a la compañía Sinohydro Corporation, domiciliada en Beijing China– se efectúan varias transferencias a las cuentas de Recorsa C. A, dineros que –posteriormente– fueron distribuidos por medio de una cadena de terceros.
La Fiscalía General del Estado abre una investigación previa para determinar presuntos actos delictivos alrededor de la empresa Ina Investment Corp. –que fue conocido como caso Ina Papers–, en la que –se presumía– se entregaron dineros producto de actos de corrupción cometidos en Ecuador.
La Fiscalía General del Estado solicita fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas por su presunta participación en el delito de cohecho, entre ellas el exvicepresidente de la República, Lenin M., y varios miembros de su círculo familiar.
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Fiscalía solicita fecha y hora para formular cargos contra 37 personas.
La audiencia de formulación de cargos no se instala, pese a la concurrencia de todas las partes procesales, por pedido de varias de las defensas de los investigados.
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Se instala audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente de la República, Lenín M, y 36 personas más por su presunta participación en el delito de cohecho. Habrían recibido cerca de 76 millones de dólares en coimas.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, señala –en su argumento– que alrededor del proyecto Coca-Codo Sinclair se cometieron actos ilícitos a cambio de dinero, canalizado a través de terceras personas y que inició con el proceso de licitación. Además individualiza los elementos de convicción para cada uno de los investigados y solicita que se les dicte prisión preventiva, entre otras medidas.
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Juez Adrián Rojas dicta medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los procesados, excepto para uno de ellos.
Deberán presentarse cada quince días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador: Lenín M., Judith G. y Xavier M.
El resto de los procesados (Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.) deberán presentarse cada ocho días en la misma institución. Además, dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia, excepto para Wu Y., para quien sí dictó prisión preventiva.
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En la audiencia de revisión de medidas cautelares, pedida por diez de los treinta y siete procesados en esta causa, el juez Mauricio Espinosa niega el pedido a ocho de los solicitantes (entre ellos el exvicepresidente Lenín M., su esposa y su hija). El Magistrado señala que la única forma en que las medidas puedan ser objeto de revisión es que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 521 del COIP.
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El magistrado Mauricio Espinosa niega la solicitud de Fiscalía de dictar prisión preventiva contra varios procesados, por el incumplimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad dispuestas el 5 de marzo.
Respecto al exvicepresidente de la República, Lenín M., y su esposa Rocío G., el Juez dispone (aunque no está previsto en la Ley) que se presenten dentro de los diez primeros días de cada mes en la sede diplomática del Ecuador en Asunción – Paraguay.
Además, cada cuatro meses deberán presentarse ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito.
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La Fiscalía General del Estado vincula a tres ciudadanas más a la instrucción fiscal que se sigue por el delito de cohecho.
El conjuez nacional Mauricio Espinosa ordena presentación periódica, prohibición de salida del país y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico para las tres procesadas. Así como la inmovilización de valores y la prohibición de enajenar bienes inmuebles.
Al momento son 40 los procesados en este caso.
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Conto P. y Guillermo M., procesados por cohecho, solicitaron revisión de medidas cautelares.
El juez Manuel Cabrera informó que próximamente notificará a las partes procesales para reinstalar la audiencia y anunciar su decisión.
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Luego de analizar los argumentos expuestos en la audiencia, Juez acoge el pedido del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, y declara improcedentes los recursos de revisión de medidas cautelares solicitados por dos procesados en esta causa.
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Se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 24 personas, entre ellas el exvicepresidente de la República, Lenín M. Las defensas de los procesados presentan sus alegaciones sobre los posibles vicios que podrían afectar la validez de la causa. Por su parte, el fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga, solicita que se declare la validez de todo lo actuado hasta el momento.
Los procesados en esta causa son:
1. Lenín Boltaire M. G.
2. Luciano Enrique C. V.
3. Henry de Jesús G. C.
4. Cai R.
5. Yang H.
6. Song D.
7. Wu Y.
8. Liu A.
9. Judith Rocío G. N.
10. Irina M. G.
11. Guillermo Renán M. G.
12. Edwin Ovidio M. G.
13. Martha Guisella G. N.
14. Conto Augusto P. M.
15. María Auxiliadora P. H.
16. Xavier José M. C.
17. Juan Carlos P. H.
18. Patricia de las Mercedes P. H.
19. Manuel Ignacio P. H.
20. Priscila B. P.
21. Rocío del Carmen G. E.
22. José Eduardo C. V.
23. Carlos Oswaldo A. A.
24. María Augusta del Rocío B. C.
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Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra veinticuatro personas por presunto cohecho.
El Juez de la Corte Nacional declara la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento.
Fiscalía inicia la presentación de su dictamen acusatorio.
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Se instala el tercer día de audiencia preparatoria de juicio. Fiscalía continúa con la presentación del dictamen acusatorio.
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El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, prosigue con la exposición del dictamen acusatorio contra los veinticuatro procesados.
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Culmina la exposición del dictamen acusatorio contra los veinticuatro procesados por presunto cohecho.
Fiscalía inicia la presentación del anuncio probatorio.
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Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio por presunto cohecho.
Las defensas de los procesados intervienen respecto del dictamen acusatorio de Fiscalía.
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Luego de haber escuchado a todas las partes procesales, Juez de la Corte Nacional suspende la audiencia preparatoria para analizar los argumentos presentados y anuncia que señalará nuevas fecha y hora para informar si llama o no a juicio a los procesados.
En esta causa, Fiscalía solicitó que veinticuatro personas sean llamadas a juicio por presunto cohecho.
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