La Fiscalía General del Estado investiga un entramado empresarial creado –presuntamente– con el fin de vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional sin levantar alertas en las instituciones de control.
Aquiles A., Antonio A. y Xavier A. (hermanos vinculados a un mismo esquema societario) junto a otras personas también investigadas –a través de sus actividades comerciales, relacionadas con la venta de combustibles– construyeron una estructura empresarial destinada a viabilizar su giro de negocio por medio de la venta de combustible –entre distintos segmentos– para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley.
El grupo habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos, creado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos.
El efecto lesivo para el Estado radicaba en el desfalco reflejado en la venta del diésel subsidiado para que los procesados lo revendan a precio del mercado internacional (sin subsidio).
Aquiles David Á. H., Xavier Mario Á. H., Antonio José Á. H., César Emilio B. I., Fernando Patricio P. V., Pablo Ricardo P. R., Carlos Andrés A. C., David Á. K., Ricardo Fabio B. P., Gastón Aparicio L. C. y Pedro Juan H. E., Raúl Ch., Gioconda H., Fiorella I., Fernando V., Andrés V. y Erika V.
Grupo ALVA3 S. A., Terminal Naviero Petrolero TERNAPE PETROLEUM S. A., Comercializadora de Combustibles CORPALUBRI S. A., Inmobiliaria FIOREMA S. A., Inmobiliaria Álvarez Hache S. A., INDUDIESEL S. A., Operadora Portuaria Petrolera OPEROIL S. A., Compañía del Petróleo y sus derivados COPEDESA S. A. y CHN S. A.