La Fiscal Ivonne Proaño presentara los elementos de convicción recabados en las investigaciones, formuló cargos en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B. y Miriam C. La Jueza Paola Campaña dicta prisión preventiva y dispone la incautación de sus bienes inmuebles y la retención de sus cuentas. Los procesados habrían utilizado a las compañías Diacelec S. A. y Conacero S. A. para cometer el delito de lavado de activos.

Jueza Paola Campaña acogió el pedido de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A., se ejecutaron allanamientos a siete inmuebles ubicados en Quito.

Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el empresario Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A. fueron llamados a juicio, por presuntamente perjudicar al Estado por un valor que superaría los 14 millones de dólares.

El Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por el Dr. Fabián Fabara, acoge el pedido de la defensa y revoca la prisión preventiva de José A., Elvira I., Juan B., y Miriam C., emitida por la jueza Paola Campaña, el 9 de enero de 2018.

En el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos en contra de Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A..

Han transcurrido seis días de la audiencia de juicio (instaladas en diversas fechas), en los que se presentaron alrededor de veinticinco testimonios, además de pruebas periciales, como la extracción de información de dispositivos electrónicos, una pericia documentológica y una contable, en contra de los procesados. A esto se sumaron las pruebas documentales.

Antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir conociendo la causa. Los jueces indicaron que el Consejo de la Judicatura les notificó sobre el inicio de un sumario administrativo, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pusiera una queja en su contra, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el 8 de julio, declararon abandonada la acusación particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa institución estuvieron presentes.

El Tribunal consideró que se ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir en la actuación de los jueces y juezas del país, por lo que informaron sobre su excusa.

En el octavo día de la audiencia de juicio, Fiscalía concluyó con la presentación de la prueba testimonial.

En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó cuarenta y seis testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.

Sesenta y tres pruebas documentales presentó la Fiscalía en el noveno día de audiencia. La fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la FGE, uno a uno, detalló los documentos recabados durante la investigación de este caso.

Mencionó varios oficios del Servicio de Rentas Internas (SRI) que contienen información tributaria de los procesados. Además, presentó documentación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Superintendencia de Compañías, del Registro de la Propiedad, de la Agencia Nacional de Tránsito y del Ministerio del Interior, entre otras instituciones públicas. Otra de las pruebas fue la copia certificada de la sentencia dictada, en enero de 2018, contra Édgar A. como autor del delito de asociación ilícita y la ratificación de este fallo en segunda instancia.

También presentó documentos bancarios que certifican el traslado de dinero en efectivo, a través del servicio de carros blindados, autorizados por Elvira I. desde la cuenta de Diacelec a las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil; y se refirió a tres asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá.

La defensa de los procesados concluyó con la presentación de su prueba de descargo.

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a siete años de prisión al empresario Édgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. También deberán cancelar una multa de 29’204.476 dólares.

Mientras que, para las dos personas jurídicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvió su disolución y liquidación de sus bienes.

En el caso de los ciudadanos José Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratificó su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participación en el cometimiento del delito.

En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía, indicó que, durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, se demostró la materialidad del delito y la participación de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14’602.238,49 dólares.