Información del Caso (boletines)

2019

05 de mayo - Comunicado Oficial

COMUNICADO OFICIAL FGE N° 007-DC-2019

Cuatro inmuebles en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres más en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico) fueron allanados la madrugada de este domingo 5 de mayo de 2019, por parte de la Fiscalía General del Estado -con el apoyo de la Policía Nacional- en el marco de las investigaciones iniciadas por la institución, ante los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

El operativo se enmarca en la investigación a dos ciudadanas, que formarían parte de una presunta estructura integrada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado, en las cuales se administraban y movían fondos mediante un intrincado sistema de recaudación en efectivo y a través de cruce de facturas.

 

Quito, 05 de mayo de 2019

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

05 de mayo - Dos exfuncionarias públicas procesadas por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 077-DC-2019

Quito, 05 de mayo de 2019.- Con base en una serie de elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez de la Unidad de Flagrancia, David Lasso, dispuso la prisión preventiva en contra de Pamela M. y Laura T., por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

Según lo expuesto en la audiencia de formulación de cargos por parte de la fiscal del caso, la investigación previa se abrió de oficio al conocer un parte policial con información de un artículo  publicado en un medio digital que señala la existencia de un posible delito, pues se determinó que entre el 2013 y 2014 las dos procesadas habrían administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y a través de un cruce de facturas.

Con este antecedente, la Fiscalía dispuso la realización de varias diligencias que determinaron que existen supuestos aportes de empresas multinacionales, entre ellas Odebrecht, al movimiento Alianza País, utilizados para financiar la campaña presidencial de Rafael Correa y que no habrían sido declarados.

Las procesadas formarían parte de una presunta organización conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, que habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado.

Entre los principales elementos de convicción expuestos por la Fiscalía están las versiones de las procesadas, partes policiales, la extracción  y materialización de correos electrónicos entre Pamela M., Laura T. y Geraldo Pereira de Souza, representante de Odebrecht en el país, que refleja una relación estrecha entre los tres.

Asimismo, consta una pericia informática forense, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), un reporte de los movimientos migratorios de Pamela M. el cual indica que desde 2008 a 2019 realizó 122 viajes a países como Argentina, Francia, India, Estados Unidos, China, Chile, entre otros.

Pamela M. fue detenida la madrugada del sábado 4 de mayo en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, cuando pretendía abandonar el país. Posteriormente fue trasladada a la Unidad de Flagrancia de Quito donde rindió una versión sobre los hechos investigados.

Esta ciudadana fue asesora presidencial y posteriormente jueza de la Corte Constitucional, mientras que Laura T. laboró como su asistente administrativa en la Presidencia de la República y en la Corte Constitucional.

Allanamientos en Quito y Guayaquil

En el marco de estas investigaciones, la madrugada de este domingo 5 de mayo, la Fiscalía –con el apoyo de la Policía Nacional– allanó cuatro inmuebles en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres más en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico). Se recabaron indicios y evidencias para sustentar las investigaciones.

Información complementaria

  •  Artículo 20 del COIP.- Concurso Real de Infracciones.- Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años.
  • La instrucción fiscal en este caso durará 90 días.

01 de junio - Jueza ordena prisión preventiva en contra de Alexis M. por el presunto delito de concusión

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 114-DC-2019

Quito, 01 de junio de 2019.- Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra de Alexis M., mientras que para María de los Ángeles D., la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Ambos ciudadanos son procesados por el presunto delito de concusión.

Además, la jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 3.5 millones para Alexis M. y de USD 2.5 millones para María de los Ángeles D.

Durante la audiencia, efectuada la madrugada de este 01 de junio, la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, solicitó medidas cautelares de carácter personal y real en contra de estos ciudadanos, con el fin de proteger el derecho de la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano, y para garantizar su presencia en las demás etapas procesales.

La Fiscal General expuso que entre los años 2012 y 2016, Alexis M. era secretario jurídico de la Presidencia y María de los Ángeles D. se desempeñaba como Ministra de Transporte y Obras Públicas, por lo que, abusando de sus cargos públicos -a través de Pamela M.- exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país.

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía se incluyen la pericia documentológica a un manuscrito de ocho hojas, en el que habrían disposiciones de entrega y distribución de dinero a los procesados y a otras personas.

También consta la versión de Pamela M., procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, que indica que recibió disposición del expresidente de la República, Rafael C., y del exvicepresidente de la República, Jorge G., de entregar dinero a María de los Ángeles D., quien era directora provincial del movimiento político Alianza PAIS en Guayas.

Antecedentes

El pasado jueves 30 de mayo de 2019, la fiscal Ruth Amoroso remitió un oficio a la Fiscal General del Estado, adjuntando copias certificadas de piezas procesales, a fin de que se abra una investigación previa por el presunto delito de concusión en contra de Alexis M., María de los Ángeles D. y Vinicio A.

En ese contexto, la doctora Diana Salazar dispuso la realización de varias diligencias, entre ellas allanamientos a inmuebles, y solicitó a la Corte Nacional de Justicia la detención con fines investigativos de los mencionados ciudadanos.

En consecuencia, la mañana del viernes 31 de mayo se llevó a cabo un operativo en la ciudad de Guayaquil, en el cual fueron detenidos Alexis M., y María de los Ángeles D.

Información complementaria

El Art. 195 de la Constitución de la República establece que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal y, de hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

Según el Art. 281 del Código Integral Penal (COIP), la concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, y conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse a un periodo de cinco a siete años.

19 de junio - Alexis M. y María de los Ángeles D. ahora son procesados por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 145-DC-2019

Quito, 19 de junio de 2019.- Esta tarde, en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, reformuló cargos en contra de Alexis M. y María de los Ángeles D., por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones. Anteriormente estos ciudadanos eran procesados por concusión.

La jueza nacional Daniella Camacho ratificó las medidas cautelares dictadas en su contra: prisión preventiva para Alexis M. y para María de los Ángeles D., la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

La Fiscal General indicó que durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que hacen variar la calificación jurídica realizada en la formulación de cargos del pasado 1 de junio, por lo que presentó veintiún nuevos elementos.

Entre los principales constan: un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que revelarían variaciones en el patrimonio de María de los Ángeles D.

También figuran versiones del exasambleísta Christian Viteri; de Jimmy Salazar, esposo de Pamela M.; de Gustavo Bucaram y de Pedro Espinoza, por mencionar algunos.

Otro elemento de convicción es la pericia documentológica grafotécnica realizada a los manuscritos de Pamela M., que demostrarían su autoría.

Esto, además de documentación que demostraría la relación económica entre las empresas Odebrecht y Nexoglobal, esta última vinculada a Pamela M.

Según la Fiscal General, los procesados serían parte de una estructura criminal organizada y actuaron concertadamente para obtener beneficios económicos.

Adicionalmente, la Dra. Salazar solicitó que este caso se acumule al proceso que se sigue en contra de Pamela M. y Laura T., porque los hechos guardarían relación.

Antecedente

Según la Fiscalía, entre los años 2012 y 2016, Alexis M. se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia y María de los Ángeles D. como ministra de Transporte y Obras Públicas, por lo que, abusando de sus cargos públicos –a través de Pamela M.– exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país.

Información de Interés

El Art. 596 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la impugnación hecha en la formulación de cargos, el fiscal deberá solicitar al juzgador, audiencia para motivar la reformulación. El plazo de la instrucción se aumentará treinta días improrrogables, sin que el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación.

03 de julio - Corte Nacional aceptó recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Alexis M.

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 168-DC-2019

Quito, 03 de julio de 2019.- A pesar de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, con voto de mayoría, aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por Alexis M. y en su lugar dispuso la prohibición de salida del país, arresto domiciliario con vigilancia policial y el uso de un dispositivo electrónico.

Alexis M. es procesado por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

Esta es la resolución que dio a conocer el Tribunal, la noche de este miércoles 3 de julio, luego de dos horas de deliberación.

El voto de mayoría corresponde a los jueces Édgar Flores y Luis Enríquez, y el de minoría al conjuez David Jacho, quien resaltó que Fiscalía sí justificó los requisitos para solicitar la prisión preventiva y, por ende, la decisión de la jueza Daniella Camacho estaba motivada.

En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó al Tribunal que ratifique la medida cautelar en contra de Alexis M., al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la prisión preventiva, ya que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de los delitos que no se han desvanecido, sino que –más bien– se han agravado.

Además, la Dra. Salazar señaló que en la audiencia de formulación de cargos del pasado 1 de junio, y en la reformulación de cargos del 19 de junio, solicitó la prisión preventiva en contra de Alexis M. con el fin de garantizar su presencia en las demás etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y asegurar la reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano.

Añadió que el procesado podría enfrentar una pena de hasta trece años, lo que es otro requisito para solicitar la prisión preventiva. Consideró que si le dictan otras medidas existiría un alto peligro de fuga y el riesgo de que se obstruya la justicia, pues indicó que en un allanamiento se incautó el computador de Laura T., en el que se encontró el archivo original de los registros de los pagos de las coimas, en el que constarían fechas, registros y el nombre de Alexis M., a quien se le habría entregado la suma de 265.000 dólares en dos pagos que figuran como “abonos jurídicos verdes”.

Con esos argumentos, la Fiscalía fundamentó que no se han desvanecido los elementos de convicción que motivaron a la jueza nacional Daniella Camacho a dictar la medida cautelar, el pasado 1 de junio, ratificada el 19 del mismo mes, cuando se le reformuló cargos por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Al finalizar la diligencia, la Fiscalía y la Procuraduría quisieron interponer oralmente el recurso de ampliación y aclaración, pero el juez ponente no lo permitió, a pesar de que recurrir es un derecho de las partes procesales en el sistema acusatorio oral.

Antecedente

Según la Fiscalía, entre los años 2012 y 2016, Alexis M. se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia y María de los Ángeles D. –también procesada en este caso–, como ministra de Transporte y Obras Públicas, por lo que, abusando de sus cargosde , a través de terceros (Pamela M. y Laura T.) exigían dinero en efectivo a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado.

08 de agosto - Prisión preventiva para cinco exfuncionarios del gobierno anterior

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 238-DC-2019

Quito, 08 de agosto de 2019.- Los elementos de convicción esgrimidos por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante el primer día de la audiencia de vinculación de veintidós personas al caso “Sobornos 2012-2016” –por concurso real de infracciones (cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias)–, fueron decisivos.

Por ello, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía y dictó prisión preventiva para el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A. y Walter S. y también para Yamil M. Este último debido a que no existen las garantías para asegurar su presencia durante el proceso, ya que días atrás habría tratado de huir del país por la frontera sur.

También, la Magistrada dispuso que se oficie a la Interpol la emisión de la difusión roja para la inmediata localización y captura de Rafael C., Vinicio A. y Walter S., puesto que ellos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, al encontrarse vinculados en otros casos y no haber comparecido.

Respecto a los otros diecisiete vinculados, la Jueza ordenó su presentación los lunes y jueves: en la Corte Provincial del Guayas, para los residentes en esa provincia, y en la Corte Nacional de Justicia para quienes viven en Pichincha.

Con la excepción de Víctor F. y Cai R., quienes deberán presentarse a partir del lunes 19 de agosto.

Además dispuso la prohibición de salida del país y la enajenación de bienes por un monto de $1’072.312.

Respecto a la extensión de la etapa de instrucción fiscal, la Jueza manifestó que esta ya se concedió en la reformulación de cargos contra Alexis M. y María de los Ángeles D. –también vinculados– y que no puede extenderse más allá de 120 días, por lo que culminará el 29 de septiembre.

Las nuevas vinculaciones se producen debido a que Fiscalía ha recabado indicios –con base en pericias, investigaciones y testimonios– sobre la participación de los veintidós involucrados en los delitos que se investigan dentro de esta trama de corrupción, en la que presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

27 de agosto - Caso “Sobornos 2012-2016”: otro procesado con prisión preventiva; las medidas para los demás se mantienen

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 292-DC-2019

Quito, 27 de agosto de 2019.- Luego de haber escuchado los argumentos de las partes procesales, la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva en contra de Cai R., por haber incumplido las medidas sustitutivas dispuestas previamente. Además, con base en el principio de proporcionalidad, dispuso que María de los Ángeles D. y Francisco N. se presenten en la Corte Nacional del Guayas.

Así lo señaló durante la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitadas por varios de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016, que se desarrolló este 27 de agosto en la Corte Nacional de Justicia, con la presencia de la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado.

La Jueza, por considerarlo improcedente, también negó el pedido de caución presentado por Alexis M. La magistrada argumentó que este recurso es aplicable solamente cuando existe prisión preventiva en contra del procesado y el ciudadano se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

Asimismo, aplicando la proporcionalidad, la jueza Camacho dispuso, para María de los Ángeles D. y Alexis M., el congelamiento y retención de fondos por un monto de 1’072.312,15 dólares, que es el mismo valor señalado para los demás procesados.

María de los Ángeles D. también había solicitado el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica, pedido que también fue negado, ratificando la prohibición de salida del país y el uso del grillete.

La jueza negó esta solicitud amparada en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que manifiesta que: para dar paso a la sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de una medida cautelar deben concurrir hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados, lo que no se ha cumplido.

Ese mismo argumento fue utilizado para negar el recurso presentado por Manuel F., quien –por su parte– había pedido que su presentación periódica sea una vez a la semana.

En relación a Cai R., acogiendo el pedido de la fiscal Salazar, la Magistrada indicó que al haber incumplido la medida sustitutiva de presentación ante la autoridad, la normativa le faculta a dictar prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso penal. Por ese motivo pidió que se gire la respectiva boleta de detención y que se oficie a Interpol para que proceda con su búsqueda y captura.

La Fiscalía procesa penalmente a veintiséis personas por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

En esta trama de corrupción, empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

Entre los procesados constan el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G. y los exministros Vinicio A. y Walter S.

01 de septiembre de 2019 - Laura T. dio testimonio anticipado en la Corte Nacional

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 315-DC-2019

Quito, 01 de septiembre de 2019.- Durante casi cuatro horas, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, receptó el testimonio anticipado de Laura T., procesada en el caso “Sobornos 2012-2016”.

Laura T., quien fue asistente de la también procesada Pamela M. en la Presidencia de la República y en la Corte Constitucional, reveló detalles de este caso que investiga la Fiscalía por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

Relató que en 2008 ingresó a trabajar en la Presidencia de la República con Pamela M., quien le indicó que debía llevar archivos y un registro en Excel de ingresos (aportaciones voluntarias de personas cercanas al expresidente Rafael C.) y de egresos (gastos generados por supuestas ayudas humanitarias).

Luego de una reunión con el expresidente, Pamela M. le dispuso a Laura T. hacer otro archivo para registrar movimientos de la campaña electoral (consulta popular). El exmandatario también habría dispuesto que Pamela M. y Jorge G. sistematicen los datos y le envíen reportes.

Además, que debían poner códigos que identificaran los nombres de las autoridades y de las empresas que aportaban a la campaña. También le indicaron que toda información registrada en los archivos era reservada y que debía ser grabada en una flash memory.

Este archivo se llamaba “Victoria Andrade listado”. Posteriormente elaboró los archivos “Victoria Andrade II” –que después se llamó “Victoria II finales”–, y “Victoria III LT”. A partir de ello le dispusieron que cambie a “Verde” y “Verde final”.

Laura T. refirió que “Victoria” era en alusión al triunfo y “Verde”, al partido político Alianza País.

La testigo indicó que en 2015 entró a laborar en la Corte Constitucional y que en 2017, Pamela M. le dispuso que destruyera la información de la flash memory, luego de que al exvicepresidente Jorge G. le dictaron prisión preventiva.

También explicó que por disposición de Rafael C. y Jorge G., Pamela M. era quien recibía el dinero en efectivo, y que únicamente por cuatro ocasiones, Pamela M. le había dispuesto entregar sobres a varias personas, entre ellas Christian V. y Gustavo B.. Esto ocurrió en una oficina paralela que tenía Pamela M. en la Av. 12 de Octubre, en Quito.

Laura T. es una de las veintiséis personas procesadas en este caso. Según Fiscalía, en esta red de corrupción, empresarios e intermediarios habrían entregado dinero –en efectivo o a través de cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

Entre los procesados constan el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros María de los Ángeles D., Vinicio A., Walter S. y el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis M.

03 de septiembre: Caso Sobornos: Fiscal General recibió testimonio anticipado de la procesada Pamela M.

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 325-DC-2019

Quito, 03 de septiembre de 2019.- Esta mañana y tarde, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, receptó el testimonio anticipado de Pamela M., una de las veintiséis personas procesadas en el caso “Sobornos 2012-2016”.

La diligencia se desarrolló en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, ante la jueza nacional Daniella Camacho. Durante dos horas, Pamela M., exasesora de la Presidencia de la República, exjueza y exvicepresidenta de la Corte Constitucional, proporcionó datos sobre el caso que investiga Fiscalía.

Inició su testimonio pidiendo disculpas públicas a sus hijos, esposo y madre; a su exasistente, Laura T., a su familia y a la ciudadanía. Ratificó que Laura T. materializó la instrucción que Pamela M. recibió del expresidente de la República, Rafael C.

Agregó que inició su trabajo como asesora del despacho presidencial en marzo de 2007, con funciones que fueron establecidas por Rafael C., entre las que constaba atender pedidos ciudadanos.

Debido al incremento de trabajo, mencionó que el exmandatario autorizó el funcionamiento de una oficina paralela en el centro-norte de Quito con el mismo objeto.

Indicó, además, que a mediados de 2013 fue convocada a una reunión en el despacho del ex Presidente., quien le dispuso que realizara un registro digital de los valores que manejarían por concepto de campaña, puesto que se avecinaban las elecciones de autoridades seccionales.

Le dijo que la información sería entregada por el exvicepresidente Jorge G.

Posteriormente, fue llamada al despacho de Jorge G. a una reunión con Vinicio A., María de los Ángeles D., Walter S. y Alexis M., entre otros.
Allí, el ex Vicepresidente le dijo que los datos para los registros vendrían del secretario ejecutivo de Alianza PAIS, en lo referente a logística, tarimas, sonido, banderas, etc. Mientras que los registros de publicidad, encuestas y spots los recibiría de Vinicio A.

La procesada dijo que en una ocasión, Alexis M. –luego de hablar con Rafael C.– acudió a su oficina para solicitarle unos valores “urgentes e importantes”. Pamela M. consultó al exmandatario y él le ratificó la instrucción, pero antes le pidió que hablara con Jorge G.

Manifestó que una asesora de Jorge G. le dijo que Geraldo de Souza, de la empresa Odebrecht, acudiría a su oficina a dejarle el dinero solicitado por Alexis M. y así ocurrió.

Según Pamela M., habría entregado aproximadamente 200.000 dólares a Alexis M., 300.000 a Viviana B. y 300.000 más a María de los Ángeles D.

Terminada la campaña política, explicó Pamela M., recibió la llamada de la misma asesora del ex Vicepresidente, quien le pidió que guardara los registros realizados en un pendrive (memoria extraíble) para entregárselo al exsecretario jurídico de Alianza PAIS.

Además, manifestó que en 2018, cuando el exvicepresidente Jorge G. fue sentenciado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio empezó a cesar a varias autoridades, el expresidente Rafael C. le llamó a preguntar si había destruido la información, a lo que ella contestó que sí. Sin embargo, empezó a hacer anotaciones generales y registró las entregas de dinero en un cuaderno que guardó detrás de la chimenea de su departamento en Quito, que fue allanado meses atrás, dentro del proceso.

04 de septiembre - Jueza dictó prisión preventiva contra 2 empresarios en caso “Sobornos 2012-2016”

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 328-DC-2019

Quito, 04 de septiembre de 2019.- La jueza nacional Daniella Camacho dictó orden de prisión preventiva en contra de los empresarios William P. y Mateo Ch., procesados en el caso “Sobornos 2012-2016”.

Dio a conocer su resolución, luego de haber escuchado las intervenciones de las partes procesales en la audiencia de revisión de medidas cautelares, la mañana de este 4 de septiembre, ante la presencia de la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez.

Los dos procesados incumplieron la medida cautelar de presentación periódica dictada en la audiencia de vinculación, el pasado 8 de agosto.

Además, el abogado defensor de William P. manifestó el deseo de este ciudadano de no comparecer a las diferentes etapas procesales.

La jueza Camacho también dispuso que se emita la boleta de localización y captura de estas personas y que se oficie a la Interpol.

El caso

Veintiséis personas son procesadas por Fiscalía, por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

En esta trama de corrupción que se investiga, empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

05 de noviembre - Jueza Nacional sustituye medidas para Pamela M. y Laura T.

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 573-DC-2019

Quito, 05 de noviembre de 2019.- Luego de haber escuchado los argumentos expuestos por las partes procesales, la jueza Nacional Daniella Camacho aceptó los recursos interpuestos por Pamela M. y Laura T., y sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por la de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.

Las dos ciudadanas son procesadas por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el denominado caso “Sobornos 2012-2016”.

La diligencia, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, contó con la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, quien durante su exposición señaló que las solicitudes de las procesadas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) –referente a la prisión preventiva–, pues no se han desvanecido ni modificado los elementos de convicción sobre la existencia del delito y la presunta autoría de estas ciudadanas, que motivaron la medida inicial y que, incluso luego de las investigaciones, su situación se ha agravado.

El mismo argumento fue expuesto por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular.

La defensa de las procesadas había solicitado que la prisión preventiva fuese sustituida por prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad, tomando en cuenta que ambas ciudadanas han sido incluidas en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) y que han proporcionado información relevante para la investigación, lo que fue aceptado por la Magistrada.

Contexto

Fiscalía investiga los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político.

En este caso, al momento se encuentra suspendida la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas y su reinstalación está prevista para el lunes 11 de noviembre de 2019, cuando la jueza Camacho dará a conocer su resolución sobre la existencia o no de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.

07 de noviembre - Caso Sobornos 2012-2016: se ratifica prisión preventiva en contra de 6 procesados

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 582-DC-2019

Quito, 07 de noviembre de 2019.- El Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, acogió el pedido realizado por el fiscal general del Estado (subrogante), Wilson Toainga, y resolvió negar los recursos de apelación interpuestos por Rafael C., Jorge G., Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S., quienes forman parte del grupo de procesados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en el caso “Sobornos 2012-2016”, ratificando así la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Las defensas de los procesados solicitaron que se revoque la prisión preventiva de los ciudadanos, argumentando que no se han cumplido los requisitos para dictar esa medida y que se dispongan otras alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad, que también garantizan la presencia de los ciudadanos en el proceso penal.

Por su parte, el Fiscal Subrogante señaló que dichas solicitudes no cumplen con los requisitos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desechen los recursos y que se ratifique la prisión preventiva, tomando en cuenta que tanto la solicitud realizada por la Fiscalía, como la aceptación de la misma por parte de la jueza Daniella Camacho, cumplen con los parámetros de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad.

Ante el argumento de varios de los procesados, que señalaron que la medida es exagerada y que responde a represalias políticas, el fiscal Toainga fue enfático al aseverar que el trabajo de Fiscalía es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley.

El Tribunal resolvió, por unanimidad, ratificar la prisión preventiva al considerar que la decisión inicial de la jueza Camacho cumple con los requisitos del artículo 534 del COIP y que, por lo tanto, las medidas cautelares se encuentran totalmente motivadas y justificadas con base en el principio de legalidad.

La Fiscalía General del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político.

En este caso, la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas se reinstalará el lunes 11 de noviembre de 2019. En la diligencia, la Jueza Daniella Camacho dará a conocer su decisión sobre la existencia o no de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.

25 de noviembre - Caso sobornos 2012-2016: Fiscalía ratifica su pedido de llamar a juicio a 24 procesados y espera decisión de la Jueza

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 677-DC-2019

Quito, 25 de noviembre de 2019.- Luego de once días de audiencia preparatoria de juicio, en la cual la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicitó a la jueza Daniella Camacho que llame a juicio a los 24 ciudadanos por el presunto delito de cohecho, concluyeron las intervenciones de las partes procesales y la Magistrada señaló que analizará toda la información presentada en la diligencia e informará oportunamente la fecha y hora en las que dará a conocer su decisión.

En la jornada de hoy, la Fiscalía realizó la réplica a los argumentos presentados por los abogados defensores, que solicitaron el sobreseimiento de sus representados y la ratificación de su estado de inocencia.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular, tuvo la oportunidad de refutar las teorías de los procesados.

La fiscal Salazar, luego de su réplica, se ratificó en su pedido de llamar a juicio a los 24 procesados pues cuenta con suficientes elementos para convencer al Tribunal sobre la comisión del delito.

Fiscalía basó su acusación en un total de 837 elementos de convicción, recabados durante la instrucción fiscal y presentados a la jueza Camacho, con los que se determinó la aparente existencia de una estructura conformada por funcionarios públicos y empresarios privados. Estos últimos habrían entregado dinero (en efectivo o a través de cruce de facturas), para ser beneficiarios de contratos con el Estado.

Las pericias realizadas señalaron que los sobornos, durante este periodo, llegarían a 7’791.588 dólares. Esta cifra fue utilizada por el procurador Íñigo Salvador para solicitar una reparación integral al Estado por el triple del monto, es decir, 23’374.764 dólares.

2020

03 de enero - Caso sobornos ‪2012-2016‬: 21 personas son llamadas a juicio por presunto cohecho‬‬

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 005-DC-2020

Quito (Pichincha), 03 de enero de 2020.- La jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a 21 de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, entre ellos en expresidente Rafael R., el exvicepresidente Jorge G., los exministros María de los Ángeles D. y Walter S. y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M.

Para María E., José V. y Cai R. dictó auto de sobreseimiento al no encontrar elementos necesarios que hagan presumir su participación en el hecho investigado.

Asimismo, ratificó las medidas cautelares para todos los llamados a juicio y revocar todas las que pesaban sobre los tres ciudadanos sobreseídos.

En la reanudación de la audiencia, la Magistrada, durante más de 9 horas, hizo un exhaustivo análisis para emitir una decisión motivada y señaló que los hechos relatados constituyen una actividad criminal grave y compleja.

Durante los once días que duró la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó 837 elementos de convicción que fueron recabados durante la instrucción fiscal y que fueron sustentados durante la diligencia. A ellos se sumaron los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular.

La investigación determinó la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado. Estas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directa y convenios de pagos.

Con base en las pericias solicitadas por la Fiscalía, los sobornos realizados durante este periodo llegarían a 7’‪791.588‬ dólares.‬‬

Dato jurídico

El Art. 280 define al cohecho como “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”.

04 de enero - Caso Sobornos: jueza Daniella Camacho sustituye medidas a 3 de los 4 procesados que solicitaron su revisión

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 006-DC-2020

Quito (Pichincha), 04 de enero de 2020.- Pese a los argumentos esgrimidos por Fiscalía en la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por María de los Ángeles D., William P., Pamela M. y Yamil M., llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro del caso Sobornos 2012-2016, la jueza nacional Daniella Camacho resolvió aceptarlas para tres de los cuatro procesados.

La diligencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia, con la participación del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, quien se opuso parcialmente al pedido de la defensa de los acusados.

Respecto a William P., quien se encuentra prófugo, la Jueza fijó la caución pecuniaria en 300.000 dólares, con un plazo de 48 horas para consignar el dinero.

Sobre la exministra María de los Ángeles D., señaló que no cabe el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia, toda vez que el certificado presentado por una presunta afectación no ha sido avalado por el sistema público de salud. Sin embargo, determinó que Fiscalía le practique un examen médico-legal, con el objetivo de determinar si hay algún riesgo para su salud y si dicho dispositivo puede ser colocado en otra parte del cuerpo.

En cuanto al pedido de Pamela M., manifestó que no existe objeción en cuanto a la solicitud de cambiar las presentaciones periódicas de la procesada, de Quito a Guayaquil.

Y para el caso de Yamil M., la Magistrada accedió a sustituir la prisión preventiva por presentaciones periódicas semanales (dos cada semana), prohibición de salida del país y uso del dispositivo electrónico de vigilancia.

Información complementaria

Los cuatro procesados son parte de los veintiún llamados a juicio por su presunta participación en el delito de cohecho, dentro de la trama de corrupción que investigó Fiscalía, en la que empresarios o intermediarios habrían entregado dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.

El expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., Walter S. y María de los Ángeles D., y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M. están entre los llamados a juicio.

10 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: inicia juicio por presunto cohecho contra de 21 procesados

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 148-DC-2020

Quito (Pichincha), 10 de febrero de 2020.- En la Corte Nacional de Justicia, con la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, inició la audiencia de juicio en contra de los 21 procesados por su presunta participación en el delito de cohecho, que se habría cometido al conformarse una aparente organización integrada por funcionarios públicos y empresarios para la adjudicación de contratos a cambio de sobornos.

En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que “entre 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, como líderes y coordinadores, cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones; ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos”.

Esta tesis fue corroborada por la defensa de Pamela M., que en su alegato señaló que la procesada actuó cumpliendo órdenes, coordinando el cruce de facturas y el registro de pagos de empresas, bajo la directriz del expresidente Rafael C. y del exvicepresidente Jorge G.

Por su parte, la defensa de Pedro V. aseguró que –a través de Pamela M.– se le exigieron aportes bajo la amenaza de suspensión de pagos y que él accedió a los mismos sin tener conocimiento de su finalidad.

Posteriormente, Fiscalía realizó el anuncio de los acuerdos probatorios alcanzados durante la audiencia de juicio: 47 pruebas relacionadas con Pamela M. y 14 con Laura T., que no podrán ser controvertidas (o rebatidas) durante el juicio.

Hasta el cierre de esta jornada, la Fiscalía General del Estado presentó, como parte de su prueba, la reproducción de los testimonios anticipados de Pamela M. Y Laura T., quienes describieron la forma en que se realizó la coordinación, seguimiento y registro de los aportes al movimiento político del gobierno anterior.

Además, se presentó el testimonio de José S. (también tomado de forma anticipada), en el que se hace alusión a la forma en que se solicitaba y efectuaba la entrega de sobornos para la adjudicación de contratos con el Estado.

El Tribunal suspendió la audiencia y señaló su reinstalación para mañana (martes 11 de febrero) a las 08:30.

11 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: Fiscalía inició con la presentación de la prueba testimonial

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 155-DC-2020

Quito (Pichincha), 11 de febrero de 2020.- En el segundo día de audiencia de juzgamiento en contra de 21 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho, la Fiscalía General del Estado presentó cuatro testigos.

Según la teoría del caso de Fiscalía, se habría conformado una organización integrada por once funcionarios públicos y diez empresarios para la adjudicación de contratos con el Estado, a cambio de sobornos.

Esta mañana dieron su testimonio, ante el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, dos policías que investigaron el caso, quienes detallaron las diligencias practicadas a partir de la noticia criminis publicada en el portal Mil Hojas “Receta de Arroz Verde”.

Además, el autor de la publicación “Arroz Verde”, el periodista Christian Z., indicó al Tribunal que durante su investigación identificó que, entre los años 2011 y 2016, existió una estructura que obtenía recursos de manera ilegal para financiar el quehacer político de Alianza PAIS, en la que se identificaron líderes y coordinadores para la recaudación del dinero.

El comunicador detalló que tuvo acceso al “Archivo Verde” y “Verde Final”, en los que constaban nombres de personas y de empresas, montos y seguimientos de pagos. También dijo que, antes de publicarlo, analizó y contrastó más de 6.000 documentos digitales.

En la tarde, un perito de Informática Forense de la Policía Nacional presentó la extracción y materialización de los “Archivos Verdes” que reposan en las computadoras incautadas, tanto en la Presidencia de la República como en la Corte Constitucional, asignadas en su momento a la Laura T., en las que se registra información relacionada con la entrega de efectivo y cruce de facturas, códigos de funcionarios públicos y empresarios, además del seguimiento periódico de los ofrecimientos realizados dentro de la presunta estructura de sobornos.

La audiencia se suspendió a las 19:20 y se reinstalará este miércoles 12 de febrero, a las 08:10.

12 de febrero - Caso sobornos 2012-2016: Fiscalía continúa con la presentación de testigos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 158-DC-2020

Quito (Pichincha), 12 de febrero de 2020.- Concluido el tercer día de audiencia de juicio en contra de 21 personas, procesadas por su presunta participación en el delito de cohecho, en el denominado caso “Sobornos 2012-2016”, cuatro ciudadanos más se presentaron como testigos de la Fiscalía General del Estado, ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

En esta jornada rindieron su testimonio Jean Pierre M. y Mario B., representantes de las empresas de producción audiovisual y publicidad Octavo Arte y McCann Erickson, respectivamente, e informaron al Tribunal que realizaron trabajos por encargo del Gobierno anterior (beneficiario); sin embargo, esos productos fueron pagados por las empresas privadas Metco y Equitesa (cuyos empresarios son procesados en este caso).

Además, se presentaron los informes periciales de reconocimiento del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias del allanamiento al inmueble de Alexis M., y de la extracción y materialización de la información obtenida de los dispositivos electrónicos encontrados en esa diligencia.

Hasta el momento, Fiscalía ha presentado ocho testigos.

La audiencia fue suspendida alrededor de las 12:15, debido a que los jueces que integran el Tribunal fueron citados por una demanda de recusación presentada en su contra, por parte de la defensa del expresidente de la República –también procesado en este caso–, Rafael C., por lo que se ven impedidos de seguir conociendo la presente causa.

Las partes procesales deberán esperar para la reinstalación de la audiencia, en caso de que el recurso interpuesto por el ex Mandatario sea negado; o el reinicio de la misma, con un Tribunal distinto, en caso de que sea aceptado.

17 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: hasta el cuarto día de audiencia de juicio, Fiscalía ha presentado 18 testigos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 171-DC-2020

Quito (Pichincha), 17 de febrero de 2020.- Siete personas dieron su testimonio ante el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el cuarto día de audiencia de juzgamiento en contra de veintiún procesados dentro del caso Sobornos 2012-2016, por su presunta participación en el delito de cohecho.

Al iniciar la jornada se presentó el perito Milton J., quien efectuó la extracción y materialización de la información encontrada en los equipos informáticos incautados en el estudio jurídico de Alexis M., exsecretario de la Presidencia de la República. El experto expuso que en los computadores incautados en el bufete Romero Menéndez se encontraron, entre otra información, contratos de empresas relacionadas con el presente caso.

Además, el agente Henry Y. presentó los resultados de la pericia de extracción y materialización de conversaciones entre otros de los procesados en esta causa. Por esta razón, para precautelar el derecho a la intimidad de los involucrados, el Tribunal pidió que los asistentes abandonen la sala de audiencia.

Más tarde, Fiscalía llamó a testificar a Cristian P. quien se desempeñó como auxiliar de servicio de la Presidencia de la República, en el edificio Concorde, bajo las órdenes de Pamela M y Laura T.

Él señaló que Laura T. le disponía enviar correos electrónicos desde su computadora, además de realizar depósitos de pagos de arriendo o alícuotas. En una ocasión, le pidió realizar el depósito de 6.000 dólares a la cuenta personal del expresidente Rafael C.

Asimismo, por encargo de Laura T. entregó facturas de Odebrecht a la compañía Nexoglobal en sobres cerrados.

Posterior a esto se presentó el perito que extrajo y materializó la información del correo electrónico del testigo Cristian P.

Fiscalía también llamó a rendir testimonio a Eduardo S., quien certificó el depósito de 6.000 dólares en la cuenta del expresidente Rafael. C, en el Banco del Pacífico.

Al final de la tarde fue llamado a la Sala Penal el perito grafotécnico que efectuó la pericia que determinó la autoría de Pamela M. en las libretas encontradas en su domicilio y confirmó que las mismas se habrían escrito en diferentes momentos. Once libretas y cuadernillos que contienen nombres de altos funcionarios, de empresarios, compañías y cantidades de dinero entregadas a determinadas personas.

Allí, Pamela M. llevaba el registro de los gastos del movimiento Alianza PAIS por pedido del expresidente Rafael C., según la pericia del experto.

Fiscalía también llamó a testificar a una policía, experta en finanzas, que levantó cinco partes policiales referentes a los “Archivos Verdes” y el archivo “Victoria Andrade”, encontrados en las computadoras de Laura T. En su intervención detalló el nombre de cada empresa que constaba en esos archivos, con el número de facturas y la cantidad de dinero que habrían entregado.

La testigo evidenció la relación contractual de varias empresas involucradas en el Caso Sobornos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reforzando la teoría de Fiscalía.

Compareció también el perito que realizó la inspección ocular técnica de las instalaciones de la Presidencia de la República, del edificio Concorde y del edificio La Unión, constatando la existencia del lugar donde funcionaban las oficinas de algunos de los hoy procesados.

Fue llamado a testificar, además, el perito que ejecutó el allanamiento a las instalaciones de las oficinas donde funcionaban las empresas Sanrib y Fopeca, en las que se encontraron documentos con información relacionada a estas empresas y a TGC (todas relacionadas con los empresarios procesados).

Finalmente, el perito informático que materializó los documentos contractuales entre la compañía Sanrib y Fopeca, y la Secretaría del Agua y el Ministerio de Sectores Estratégicos, rindió su testimonio.

El Tribunal suspendió la audiencia alrededor de las 22:15 y convocó su reinstalación para las 08:30 de este martes 18 de febrero de 2020.

18 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: concluye quinto día de audiencia de juicio por presunto cohecho

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 177-DC-2020

Quito (Pichincha), 18 de febrero de 2020.- La Fiscalía General del Estado presentó doce nuevos testigos durante el quinto día de audiencia de juicio en contra de veintiún procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho. Por pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, han comparecido treinta personas hasta el momento.

El primer testimonio fue de Pedro E., mediante videoconferencia desde Madrid, quien señaló que entre los años 2011 y 2014 –en dos ocasiones– retiró un sobre de manila del despacho de la asesora presidencial Pamela M., que luego entregó a Alexis M.

Por su parte, Gustavo B. informó al Tribunal que el 21 de octubre de 2013, como funcionario de la Gobernación del Guayas, viajó de Guayaquil a Quito para retirar del edificio Concorde 100.000 dólares, dinero que fue entregado personalmente a Viviana B., excandidata a la Alcaldía de Guayaquil. El testigo refirió que ese dinero sería utilizado en la campaña electoral en la que participó la hoy procesada.

A lo largo del día, seis representantes de empresas de publicidad, producción audiovisual, alquiler de equipos para eventos e impresiones testificaron que realizaron trabajos para el Gobierno anterior en diferentes campañas y que esos servicios fueron pagados por empresas como Consermin, Hidalgo e Hidalgo y TGC, SK, Metco, entre otras, cuyos empresarios se encuentran procesados en esta causa.

También rindió su testimonio el actual representante legal de Odebrecht en Ecuador, quien confirmó la relación comercial con varias compañías vinculadas al caso Sobornos 2012-2016, información que fue obtenida de los archivos de la empresa. Asimismo, informó que con Nexoglobal se identificaron pagos de facturas por más de 427.000 dólares por servicios no identificados debido a que no se encontraron registros de contratos con la misma.

Al cierre de este día, se presentó el informe pericial que determinó que en los denominados «Archivos Verdes» se registran pagos por cruce de facturas por más de 7,5 millones de dólares, que luego de haber sido analizadas y cotejadas –con información proporcionada por contratistas, proveedores y el Servicio de Rentas Internas–, se verificó la cantidad de 6,8 millones, sin que se haya evidenciado el servicio prestado.

Además, se verificó el pago de más de 30.000 dólares por el arriendo de la oficina en el edificio Concorde, por parte de la empresa pública Celec.

La audiencia fue suspendida por parte del Tribunal y se convocó su reinstalación para el miércoles 19 (mañana), a las 14:30.

19 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: perita criminóloga revela pericia científica que establece existencia de estructura criminal

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 182-DC-2020

Quito (Pichincha), 19 de febrero de 2020.-Concluido el sexto día de audiencia de juicio por presunto cohecho, treinta y un testigos han declarado ante el Tribunal de la Corte, por solicitud de la Fiscalía General del Estado.

En la jornada de hoy, una perita criminóloga presentó los resultados de su pericia de perfilación criminológica que, según manifestó, determinó varios puntos que confirman la teoría del caso de Fiscalía.

La experta señaló que este entramado se desenvolvió en varios escenarios, entre ellos el Palacio de Carondelet, el edificio La Unión, el edificio Concorde y el Colegio de Abogados del Guayas.

Además, concluyó que la pericia científica estableció la existencia de una estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación; es decir, manejada por líderes, tenía coordinadores y mensajeros; y que incluso utilizaban jerga delincuencial.

Añadió que las víctimas de este ilegal accionar son el Estado y todos sus ciudadanos.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de
Justicia suspendió la audiencia alrededor de las 19:30 y convocó a las partes para su reinstalación, mañana (jueves 20 de febrero), a las 09:00.

20 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: Fiscalía comprobó su teoría del caso con su prueba testimonial y documental

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 187-DC-2020

Quito (Pichincha), 20 de febrero de 2020.- Cien pruebas documentales presentó la Fiscalía General del Estado en el séptimo día de audiencia de juzgamiento contra 21 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.

La prueba documental, organizada en veintiún folders y siete carpetas, contiene abundante documentación que confirmó la relación contractual de las empresas –cuyos representantes son procesados en esta causa– con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional del Agua y varias entidades de los Sectores Estratégicos.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dio lectura a aproximadamente 150 contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras y una serie de procesos irregulares de contratación entre entidades del Gobierno y las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, TGC, SK Engineering, Odebrecht, entre otras, varias de las cuales evitaron procesos ordinarios y facturaron millones de dólares con el Estado.

A través de varios documentos, también se confirmó que los procesados mantuvieron algún tipo de relación de dependencia con las empresas vinculadas al caso Sobornos 2012-2016.

Además, Fiscalía presentó 135 facturas que corroboran que las empresas –cuyos representantes forman parte de los veintiún procesados– cancelaron a las proveedoras de servicios del movimiento Alianza PAIS y del Gobierno anterior.
Asimismo, se expuso documentación que acreditó que once de los procesados eran funcionarios públicos cuando se cometió el delito.

En estos siete días de audiencia, Fiscalía ha presentado treinta y cuatro pruebas testimoniales (entre testigos, peritos y tres testimonios anticipados) y 100 pruebas documentales, con lo que ha comprobado la teoría del caso expuesta al inicio de la diligencia, que se desarrolla en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

21 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: concluye octavo día de juicio

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 190-DC-2020

Quito (Pichincha), 21 de febrero de 2020.- Concluyó otra jornada de audiencia de juicio del caso Sobornos 2012-2016. En el octavo día, la Procuraduría General del Estado concluyó con su participación y evacuó sus medios probatorios.

Debido a que compartió gran parte de la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría convocó a un testigo más, quien informó al Tribunal –nuevamente– sobre la modalidad de cruce de facturas. El representante de una empresa de producción publicitaria señaló que realizó un trabajo para el Gobierno anterior, que fue pagado por la empresa Metco, cuyo representante forma parte de los procesados en esta causa.

Además, incluyó su prueba documental que servirá –señaló la Procuraduría– para una posible reparación integral al Estado.

Tomando en cuenta que los abogados de los acusados no se encontraban preparados, el Tribunal suspendió la audiencia y señaló su reinstalación para el miércoles 26 de febrero, a las 10:00, para que las defensas de los procesados inicien con la presentación de su prueba.

26 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: defensas de procesados empezaron con la presentación de su prueba

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 196-DC-2020

Quito (Pichincha), 26 de febrero de 2020.- Con la evacuación de las pruebas por parte de ocho procesados, concluyó el noveno día de audiencia de juicio por presunto cohecho contra veintiún personas, por su presunta participación en el delito de cohecho.

Durante la jornada, las defensas de los acusados renunciaron a la presentación de los testigos que fueron anunciados previamente, haciendo referencia –en su mayoría– a la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado en días anteriores.

No obstante, Pedro V., uno de los procesados, aseguró al Tribunal que –en relación a los hechos investigados– su empresa tenía pendiente el cobro de varias planillas de trabajos realizados en Manabí y que en ese contexto –y luego de haber solicitado una solución a su problema con la Prefectura de esa provincia– fue contactado por Pamela M., quien le pidió una contribución previa para el pago de los mismos.

Agregó que, debido a los requerimientos de sus acreedores y sus empleados, aceptó las presiones para entregar esos valores.

Dijo que, posteriormente, en relación al contrato del Proyecto Multipropósito Chone, recibió un mensaje de la cúpula del Gobierno de entonces (a través de Walter S.), que le exigía un millón de dólares para acceder al pago del trabajo, le indicaba que Pamela M. era la única persona autorizada para recaudar ese dinero y fue enfático en señalar que ese pedido estaba en conocimiento de otros procesados, como Jorge G., María de los Ángeles D, Alexis M. y Vinicio A.

De esa forma le hicieron llegar facturas preparadas para recolectar los fondos que le habían impuesto y aseguró que nunca entregó dinero en efectivo.

Por su parte Teodoro C., representante de la empresa Técnica General de Construcciones (TGC), mencionó que siete de los nueve contratos relacionados con el caso, le fueron otorgados mediante convenios de pago y contratos complementarios, lo que confirma la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado: que se usaron figuras no regulares para la adjudicación de obras.

El Tribunal suspendió la audiencia alrededor de las 18:00 y dispuso que se reinstale este jueves 27 de febrero, a las 09:00, para que las defensas técnicas de los procesados continúen con la presentación de sus pruebas de descargo.

27 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: defensa de Rafael C. intentó incorporar ‘supuesta prueba nueva’ obtenida de forma ilícita

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 200-DC-2020

Quito (Pichincha), 27 de febrero de 2020.- En una nueva jornada, la décima, de la audiencia de juicio por presunto cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016, se presentaron las pruebas de descargo de los ciudadanos Christian V., Edgar S. y Viviana B., tres de los veintiún procesados en esta causa.

Como parte de su estrategia de defensa, Christian V. rindió su testimonio ante el Tribunal de la Corte Nacional. Dijo, en reiteradas ocasiones, que conocía que el dinero (que habría llegado a 265.000 dólares) para la candidatura de Viviana B. a la Alcaldía de Guayaquil, también procesada, se retiraba en efectivo del Colegio de Abogados del Guayas; y que, por solicitud de Pamela M., era Laura T. quien le informaba sobre el envío de efectivo.

Señaló que Vinicio A., por disposición de Jorge G., coordinaba todas las acciones relacionadas con imagen y publicidad, confirmando así la existencia de una estructura paralela, misma que fue señalada por Fiscalía durante la presentación de su teoría del caso.

A lo largo de la jornada, además, evacuaron sus medios probatorios, Édgar S. (exsocio y gerente de Consermin) y Viviana B. (exgobernadora del Guayas), quienes también rindieron su testimonio ante el Tribunal.

Por su parte, hacia el final de la jornada, la defensa de Rafael C., expresidente de la República, en un intento por dilatar la audiencia de juicio, pretendió incorporar dos «pruebas nuevas» al proceso, inobservando las condiciones establecidas en el artículo 617 de Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El primer supuesto medio probatorio consistía en un informe del Consejo Nacional Electoral y el llamado a testificar a tres de sus vocales. El segundo, era un objeto informático obtenido de manera ilícita e ilegal, cuya fuente y tratamiento de cadena de custodia son desconocidos.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, controvirtió dichas solicitudes, señalando que el proceso ha pasado por varias fases –contempladas en la Constitución y en la ley– y rechazó, de forma enfática, que se pretenda violentar los principios de seguridad jurídica, debido proceso y lealtad procesal.

El Tribunal Penal acogió el pedido de Fiscalía, negó la pretensión de la defensa de Rafael C., suspendió la audiencia y convocó su reinstalación para mañana (viernes 28 de febrero), a las 09:00.

28 de febrero - Caso Sobornos 2012-2016: 8 procesados presentaron sus pruebas de descargo

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 204-DC-2020

Quito, 28 de febrero de 2020.- Durante el undécimo día de audiencia de juicio por presunto cohecho, los abogados de ocho procesados más presentaron sus medios probatorios de descargo. Hasta el momento, veinte de los veintiún acusados han ejercido su derecho a la defensa, entre ellos Rafael C., Alexis M., Walter S. y María de los Ángeles D.

El expresidente Rafael C. renunció a la mayoría de los testigos anunciados en la audiencia preparatoria de juicio. Solo rindió testimonio una ciudadana, a través de conexión telemática desde Guayaquil; y presentó tres pruebas documentales, prescindiendo también de la mayoría que había señalado en la etapa intermedia del proceso.

La defensa de Alexis M. llamó a cuatro testigos, todos excolaboradores de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Uno de ellos reiteró, en varias ocasiones, que conocía de la entrega de sobres por parte de Pamela M. a Alexis M.

El procesado también rindió su testimonio, en el que –pese a que manifestó no saber por qué se le acusa– dijo que conocía sobre la entrega de importantes sumas de dinero a Pamela M. por parte del empresario Pedro V., ambos también vinculados al caso.

La defensa del exsecretario nacional del Agua y exministro de Obras Públicas, Walter S., renunció a la prueba testimonial anunciada en la audiencia preparatoria de juicio y solicitó la incorporación de veinte pruebas documentales para que sean valoradas por el Tribunal.

Posteriormente, en su testimonio, la exministra María de los Ángeles D. no desconoció la existencia de una estructura para recaudar dinero de manera irregular; sin embargo, ubicó a las procesadas Pamela M. y Laura T. en la cabeza de la misma: “ellas armaban todo y organizaban las reuniones”, dijo.

Las procesadas Pamela M. y Laura T., también prescindiendo de su prueba testimonial, se limitaron a presentar su prueba documental de descargo.

Por su parte, la defensa del procesado Vinicio A. expresó al Tribunal su renuncia a presentar cualquier prueba documental, pericial o testimonial, y añadió que al momento de su alegato final hará alusión a varios medios probatorios incluidos por la Fiscalía y otras partes procesales, haciendo efectivo el principio de comunidad de la prueba.

Al cierre de la jornada, el empresario Bolívar S. rindió testimonio ante el Tribunal, como parte de su defensa, que se complementó con la inclusión de su prueba documental.

La audiencia fue suspendida hasta el lunes 02 de marzo, a las 08:30.

04 de marzo - Caso Sobornos 2012-2016: audiencia de juicio entra en su recta final

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 213-DC-2020

Quito (Pichincha), 04 de marzo de 2020.- En el duodécimo día de audiencia de juzgamiento en contra de 21 personas, por su presunta participación en el delito de cohecho, las defensas de los procesados concluyeron con la presentación de su prueba.

Esta mañana rindió su testimonio el procesado Jorge G., vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, donde se encuentra recluido. El ex Vicepresidente de la República señaló que no conoció sobre los hechos que se le imputan y trató de desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en días pasados.

En reiteradas ocasiones mencionó que la responsabilidad de los hechos recaen sobre Laura T. y Pamela M., quien –según dijo– abusó de su posición, para su propio beneficio y de su círculo cercano.

En horas de la tarde, la defensa técnica de Jorge G. presentó el testimonio de siete miembros de la Policía Nacional, que ejecutaron allanamientos y detenciones de otros procesados en el caso.

Además, el abogado defensor solicitó al Tribunal que se dicte orden de detención contra los peritos y testigos que no acudieron a la audiencia a dar su testimonio hoy. Sin embargo, el juez ponente, Iván León, negó dicho pedido, pues consideró que se pretende dilatar la continuidad de la audiencia.

También, la defensa de Jorge G. introdujo prueba documental nueva: el informe del Consejo Nacional Electoral respecto a los gastos de campaña y un documento que pretende desacreditar la idoneidad de la perito Alexandra Mantilla, quien realizó el perfil criminológico de los procesados en este caso.

Luego de deliberar, el Tribunal aceptó esta prueba nueva, misma que será valorada en el momento oportuno.

La audiencia se suspendió antes de las 17:00 y se reinstalará mañana (5 de marzo), a las 08:30, para que los sujetos procesales presenten sus alegatos de cierre.

05 de marzo - Caso Sobornos 2012-2016: Fiscalía pide pena máxima para procesados por delito de cohecho

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 216-DC-2020

Quito (Pichincha), 05 de marzo de 2020.- Casi tres horas le tomó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentar su alegato de cierre, en el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento contra veintiún procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.

De manera enfática, la Fiscal General señaló que en esta audiencia se demostró la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael C., y que se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito.

Con ese antecedente, pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108 dólares –que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama–, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas, se demostró que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito; y que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.

La Fiscal General acusó como autor mediato al expresidente Rafael C., por tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos.

Mientras que, en calidad de autores directos, acusó a los exfuncionarios públicos: Jorge G., Alexis M., María de los Ángeles D., Walter S., Vinicio A., Pamela M., Laura T., Christian V. y Viviana B.; y a los empresarios: Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Edgar S., Ramiro G., Alberto H., Teodoro C., Pedro V., Du Yeon Ch. y William P., pues, según manifestó la Dra. Salazar, –con conciencia y voluntad– ofrecieron y entregaron sobornos.

En el caso de Yamil M., Fiscalía no presentó acusación en su contra, por cuanto las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia.

Respecto a Pamela M. y Laura T., solicitó que se les imponga la pena reducida en el 90% y dijo que –en audiencia reservada– se podrá verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Fiscalía.

Asimismo, por haber contribuido con la justicia y coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, la Fiscal General solicitó a los jueces la aplicación de la atenuante trascendental para el empresario Pedro V., debido a que el procesado suministró información relevante para el caso, por lo que pidió que se le imponga un tercio de la pena que se dicte a los demás.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusador particular, solicitó una reparación integral para el Estado de 23’025.588,27 dólares –el triple del monto determinado por los sobornos–, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.

Hasta el cierre de este boletín, las defensas de los procesados continuaban presentando sus alegatos de cierre.

07 de abril - Caso Sobornos: el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G. y varios exfuncionarios y empresarios más, declarados culpables de cohecho

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 293-DC-2020

Quito (Pichincha), 07 de abril de 2020.- Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a dieciocho personas, entre ellos, Rafael C. y Jorge G., expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; y dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.

Además, deberán cumplir con esta condena Alexis M., exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado María de los Ángeles D., Vinicio A. y Walter S.; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana B.; y, el exasambleísta Christian V.

Asimismo, los empresarios Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Du Yeon Ch., William P., Ramiro G., Édgar S., Alberto H. y Teodoro C., quienes también fueron hallados culpables, por parte del Tribunal.

Mientras que Pamela M. recibió 38 meses con 12 días y Laura T., 19 meses con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado efectivamente en la investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

En la sentencia, que fue informada de forma oral la mañana de este martes 7 de abril –con el apoyo de medios telemáticos– los magistrados señalaron también, como reparación integral al Estado, la publicación de la sentencia en tres diarios de circulación nacional, disculpas públicas por parte de los condenados en la Plaza de la Independencia, en Quito, y el comiso de sus bienes inmuebles.

A esto se suma la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector». La placa incluirá la identificación del caso, del Tribunal juzgador y el delito por el cual se condena, en castellano y quichua.

Las pruebas presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante la audiencia de juicio, fueron determinantes para comprobar la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael C., y que facilitó la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios.

Durante su alocución, el Juez ponente señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir a Rafael C. y Jorge G., por lo que el Tribunal confirmó –más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por Fiscalía.

Dicha estructura delictiva recaudó, en el periodo investigado, 7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.

Los miembros del Tribunal señalaron que, con esta resolución, quedan suspendidos los derechos políticos de todos los sentenciados por un lapso de veinticinco años, para lo cual se debe notificar al Consejo Nacional Electoral.

Además, debido a que en el transcurso de la audiencia se hizo evidente la existencia de otras posibles infracciones, los magistrados dispusieron que se entreguen copias certificadas de este proceso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones respectivas.

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