CASO VACA Y OTROS

Crimen de lesa humanidad

Este es el primer caso judicializado en Ecuador por un crimen de lesa humanidad.

Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín –integrantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo (AVC)– fueron detenidos arbitrariamente por militares en Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985 y trasladados al Cuartel Batallón Montúfar.

Posteriormente, fueron llevados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, en el suroriente de Quito, donde habrían sido sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Susana Cajas y Javier Jarrín permanecieron arrestados durante quince días y luego liberados.

Luis Vaca, en cambio, permaneció en situación de desaparición forzada durante aproximadamente dos años. Su registro de filiación fue eliminado del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.

Estos hechos ocurrieron en el contexto de la represión estatal registrada entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres-Cordero (+).

Por su naturaleza, estos delitos son calificados como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser investigados penalmente, sin importar el tiempo transcurrido.

Fiscalía estableció que las autoridades militares y políticas de la época conocieron y autorizaron estas acciones, las cuales respondían a una planificación estructurada al más alto nivel.

2013
01 de octubre de 2013

La Fiscalía General del Estado formula cargos contra diez personas por su presunta participación en el delito de lesa humanidad.

La Jueza de la causa aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para tres procesados. Para otras seis personas dispuso arresto domiciliario y, para una más, no dictó medida cautelar privativa de libertad por su estado de salud, aunque le prohibió salir del país.

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24 de diciembre de 2013

Con base en los elementos de convicción recabados, Fiscalía vincula a dos personas más al proceso en el que investiga el presunto delito de lesa humanidad cometido contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín.

Al momento de los hechos, las personas vinculadas fungían como Subcomandante y Comandante del Centro de Inteligencia de la Policía, en Quito.

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2014
12 de marzo de 2014

En la Corte Nacional de Justicia se instala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra trece integrantes de la fuerza pública: once militares y dos policías.

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14 de marzo de 2014

Fiscalía emite su dictamen acusatorio contra diez personas como presuntas autoras del delito de lesa humanidad, en el contexto de tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

Asimismo, se abstuvo de acusar a otros tres ciudadanos.

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21 de marzo de 2014

La jueza nacional Lucy Blacio llama a juicio a nueve de los trece procesados y ratifica las medidas cautelares dictadas en su contra, a fin de garantizar su comparecencia en el proceso y la reparación a las víctimas.

En su resolución, determina que existen graves presunciones de que los nueve implicados habrían cometido el delito de lesa humanidad, establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumentado en encarcelamiento ilegal, violencia sexual y desaparición forzada.

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17 de septiembre de 2014

En la audiencia de apelación, Fiscalía fundamenta las razones por las que considera válido el auto de llamamiento a juicio de nueve procesados por su presunta participación en los delitos de detención ilegal, violencia sexual y desaparición forzada, calificados como crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma.

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2017
03 de enero de 2017

Fiscalía solicita a la Corte Nacional del Justicia fijar nueva fecha para la audiencia de juicio en este caso. La diligencia debía llevarse a cabo el 23 de diciembre de 2016, pero fue aplazada por disposición de la jueza Sylvia Sánchez y a petición de tres de los procesados.

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2024
25 de septiembre de 2024

Se instala la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por varios procesados. Tribunal acepta el pedido de las defensas y sustituye las medidas de carácter personal y real.

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2025
05 de noviembre de 2025

Con la presencia del fiscal general del Estado (s), Leonardo Alarcón Argudo, se instala la audiencia de juicio contra seis personas –entre ellas, cinco militares en servicio pasivo de alto rango–, procesadas por presuntos crímenes de lesa humanidad.

A esta fecha, se verificó que los procesados Édgar Gonzalo V. V., Guillermo Antonio R. Y., Carlos Augusto J. J. y Jorge Enrique A. A. habían fallecido.

Fiscalía presenta su alegato de apertura y anuncia que, con base en las pruebas recabadas, demostrará la responsabilidad de los implicados.

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