Información del Caso (boletines)

2018

20 de marzo - Tres personas son detenidas por su presunta participación en un secuestro

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 082-DC-2018

Quito, 20 de marzo de 2018.- Luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional y con el apoyo de la Fiscalía de Colombia, la mañana del lunes  19 de marzo fueron capturadas tres personas quienes habrían participado en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Diana F., Luis Ch., y Jorge E., fueron detenidos por agentes policiales y trasladados a la Unidad de Flagrancia para tomar sus versiones y realizar la audiencia de formulación de cargos que comenzó cerca de las 02:30 de hoy y finalizó a las 05:30. En ella, el juez Roberto Cueva acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados, señalando además que la instrucción fiscal durará 90 días.

Esta detención se concreta gracias al trabajo conjunto y permanente intercambio de información con la Fiscalía de Colombia que a través de la asistencia penal proporcionada a nuestro país, se conoció que los tres procesados -miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador- intervinieron directamente en el delito que se les imputa.

Contexto

Según versión de Fernando Balda, el presunto secuestro que sufrió se produjo en 2012 cuando se refugió en Bogotá, Colombia. Según manifestó, la noche del 13 de agosto de ese año, cinco personas lo interceptaron (cuatro hombres y una mujer) quienes lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue interceptado por la Policía Antisecuestros de Colombia quien además, capturó a uno de los secuestradores.

31 de mayo - Fiscalía presentó 19 elementos de convicción para vincular a dos personas al caso Balda

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 132-DC-2018

Quito, 31 de mayo de 2018.- El Dr. Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, encargado, vinculó a Pablo R., exSecretario Nacional de Inteligencia (SENAIN) y a Fausto T., exDirector General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional, a la instrucción fiscal que se sigue por presunta asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda. Al finalizar la audiencia, la jueza nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva a los procesados.

Según lo expuesto por el Fiscal General en la audiencia desarrollada esta mañana en la Corte Nacional de Justicia, existen elementos de convicción que harían presumir que Pablo R. habría dispuesto a los agentes de la SENAIN que participen en el hecho, incluso entregándoles fondos públicos. Entre estos elementos consta la versión de Fausto T., quien indicó que el agente investigador Raúl Ch., le informó que el operativo para el supuesto secuestro fue dispuesto por Pablo R.

Mientras que Fausto T. fue vinculado por la emisión de dos cheques por parte de la DGI, por un monto aproximado de USD 21 000, valor que habría sido utilizado para el financiamiento del delito suscitado el 13 agosto de 2012 en Colombia. Además, un informe emitido por esta Dirección certifica que Raúl Ch. y Diana F., del 9 al 14 de agosto del mismo año, estaban bajo las órdenes directas de Fausto T. quién se desempeñaba como director.

En total, la Fiscalía presentó 19 elementos de convicción que sustentaron la vinculación de estos ciudadanos. Por esta razón, el tiempo de la instrucción fiscal se amplía por 30 días más, con lo que finalizará el 18 de julio de 2018.

Finalmente, la jueza que lleva causa solicitó a la Fiscalía realizar un análisis de riesgo conforme a derecho para que se incluya en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) a Jorge E. (agente investigador que también participó en el hecho). Dentro de este Sistema también se encuentran amparados los procesados Diana F. y Raúl Ch.

18 de junio - Fiscalía vinculó al expresidente Rafael C. al proceso que se sigue por secuestro a Fernando Balda

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 147-DC-2018

Quito, 18 de junio de 2018.- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se realizó la audiencia de vinculación en contra del expresidente de la República, Rafael C., por su presunta participación como autor mediato del delito de asociación ilícita y secuestro en contra de Fernando Balda. En esta audiencia, el Fiscal General del Estado, Dr. Paúl Pérez Reina, presentó indicios suficientes en contra del exprimer mandatario.

Entre  los elementos de convicción presentados  consta el informe de la Contraloría General del Estado recibido hoy,  el que señala que existen dos cheques, uno de USD 10 000 y otro de USD 11 280 emitidos desde la cuenta de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI), en agosto de 2012.

Asimismo,  están las cartas enviadas por los procesados Raúl Ch. y Jessica F., al expresidente, oficios de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional Electoral. Además de las versiones del exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, de Homero Arellano, exministro Coordinador de Seguridad de esa época y la ampliación de la versión de Fausto T., exdirector General de Inteligencia de la Policía Nacional.

Luego de escuchar la exposición del Fiscal General del Estado, la magistrada  Daniella Camacho acogió  el  pedido realizado por Pérez Reina y dictó como medida cautelar en contra del procesado la presentación cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia a partir del lunes 2 de julio de 2018.

La instrucción fiscal dentro de este caso se prolonga hasta el próximo 18 de julio.

25 de septiembre - Fiscalía acusa a expresidente de la República como autor de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro)

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 188-DC-2018

Quito, 25 de septiembre de 2018.- Esta noche en la Corte Nacional de Justicia el Fiscal General del Estado Estado, Paúl Pérez Reina, acusó a Rafael C., expresidente de la República, Pablo R., exsecretario de Inteligencia, a Raúl Ch., y Diana F. exagentes de la Policía Nacional, como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) a Fernando Balda. También solicitó a la Jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, el correspondiente auto de llamamiento a juicio para cada uno.

La máxima autoridad de la institución presentó en total 103 elementos de convicción en contra de los procesados y solicitó a la magistrada, se ratifiquen la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de las respectivas cuentas bancarias de los todos los procesados así como las medidas cautelares de protección en favor de Fernando Balda, Raúl Ch., y Diana F., los dos últimos, forman parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado.

Dentro de los elementos presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, están las versiones rendidas por funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Inteligencia, informes periciales que demuestran que los hechos no fueron aislados sino que obedecieron a una cadena de mando. También cotejamientos de voces de una conversación de 2015 entre Pablo R., Raúl Ch., y Diana F. cuyo tema principal fue el secuestro a Balda.

Asimismo, se pusieron a disposición de los sujetos procesales oficios en los que demuestran que los exagentes nunca tuvieron autorización para viajar a otro país para realizar un determinado trabajo, las cartas de Raúl Ch., y Diana F. enviadas a Rafael C. en las que le advierten sobre el descuido o caso omiso de las autoridades de Estado sobre este caso y los testimonios anticipados de los exagentes que sustentan la teoría del caso presentada por la Fiscalía.

De acuerdo a las investigaciones realizadas el delito suscitado en Colombia en 2012, se habría realizado por orden del expresidente de la República, quién aprovechándose de su autoridad dispuso al exsecretario de Inteligencia ubicar y traer a toda costa a Balda al territorio ecuatoriano esto en virtud de que el exasambleista habría hecho pública, en redes sociales, la denuncia de un ciudadano quién aseveró ser víctima de acoso sexual de parte de Rafael C. lo que se conoce como el caso ‘Mameluco’.

Obedeciendo a la cadena de mando, Pablo R., dispuso a Raúl Ch., en aquel entonces agente de Inteligencia de la Policía Nacional, cumpla con lo dispuesto y éste para lograr el cometido, contrató a cinco personas a las que habría pagado con fondos de gastos reservados del Estado, para no levantar sospechas.

Por su parte Diana F., a más de acompañar y vigilar las acciones de Raúl Ch., informaba verbalmente a su inmediato superior cada una de las actividades que se realizaban en Colombia lo que fue corroborado en los testimonios anticipados rendidos por los exagentes de Policía dentro de la técnica de investigación conocida como cooperación eficaz.

El Fiscal General del Estado, Paúl Pérez Reina, resaltó que el trabajo realizado por la institución en este y los demás casos que investiga se lo realiza con objetividad, transparencia y sin ningún tipo de presión política. Recalcó que rechaza todo tipo de presión que han recibido los exagentes de Policía acto que lo calificó como deslealtad procesal. ‘Buscamos la verdad de los hechos y los responsables responderán ante la justicia’, manifestó.

Operaciones ‘secretas’
El secuestro a Fernando Balda -operación balón o Wilson- tuvo su antecedente en la denominada operación Guayacán que planificó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para asistir a una reunión de políticos y activistas en Medellín, en el salón Guayacán del Hotel Las Lomas, a la que asistió el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y Fernando Balda. Allí se infiltraron los exagentes Raúl Ch., y Diana F.

Según la Contraloría General del Estado, para financiar las dos operaciones se utilizó dinero de los fondos especiales de la Senain a través de dos cheques girados a nombre de Raúl Ch, por USD 10 mil y USD 11 mil 800, respectivamente. Además, se conoció a través de la información desclasificada por la Secretaria de Inteligencia que existe un documento que detalla que USD. 43 mil 300 se utilizaron en una operación denominada secuestro.

Datos:
El plagio está tipificado en los artículos 188 y 189 numeral 4 y la asociación ilícita en el 369 de Código Penal vigente a la fecha que se cometió el delito. Actualmente, ambos delitos se encuentran en los artículos 161, 162 y 370 del Código Orgánico Integral Penal, respectivamente.

07 de noviembre - Expresidente de la República es llamado a juicio por presunto plagio a Fernando Balda

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 200-DC-2018

Quito 07 de noviembre de 2018.- La Jueza Nacional Daniella Camacho, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio al expresidente de la República, Rafael C.; al exsecretario de Inteligencia, Pablo R., y a los exagentes Raúl Ch., y Diana F., como presuntos autores del plagio a Fernando Balda, delito tipificado en el artículo 189 del Código Penal vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos, cuya pena es sancionada con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

Asimismo, la magistrada ratificó las medidas cautelares que se les impuso a Rafael C. y a Pablo R., en la audiencia preparatoria de juicio como son la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización de cuentas bancarias, la prisión preventiva para ambos y para el resto de los procesados.

Además, la jueza pedirá a la Dirección Nacional de la Policía Judicial que notifique a la Interpol para que localice y capture al expresidente. Esta es la resolución que dio a conocer la jueza nacional esta tarde en la Corte Nacional de Justicia, en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que participó la Dra. Ruth Palacios Brito, Fiscal General del Estado, subrogante.

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la mencionada audiencia, desarrollada en septiembre pasado, constan las versiones de funcionarios de la Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Inteligencia e informes periciales que demuestran que los hechos no fueron aislados sino que obedecieron a una cadena de mando. También cotejamientos de voces de una conversación de 2015 entre Pablo R., (exsecretario de Inteligencia) y los exagentes Raúl Ch., y Diana F. cuyo tema principal fue el secuestro a Balda.

Asimismo, se presentaron documentos que demostrarían que los exagentes nunca tuvieron autorización para viajar a otro país para realizar un determinado trabajo, las cartas de Raúl Ch., y Diana F. enviadas a Rafael C. en las que le advierten sobre el descuido u omisión de las autoridades de Estado sobre este caso y los testimonios anticipados de los exagentes que sustentan la teoría del caso presentada por la Fiscalía.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el hecho suscitado en Colombia en 2012, se habría realizado por orden del expresidente de la República, quién aprovechándose de su autoridad dispuso al exsecretario de Inteligencia ubicar y traer a toda costa a Balda al territorio ecuatoriano esto en virtud de que el exasambleísta habría publicado, en redes sociales, la denuncia de un ciudadano quién aseveró ser víctima de acoso sexual por parte de Rafael C., en el caso “Mameluco”.

Obedeciendo a la cadena de mando, Pablo R., dispuso a Raúl Ch., en aquel entonces agente de Inteligencia de la Policía Nacional, cumpla con lo dispuesto y éste para lograr el cometido, contrató a cinco personas colombianas a las que habría pagado con dinero de la cuenta de fondos especiales asignados a la Senain, para no levantar sospechas.

Por su parte Diana F., a más de acompañar y vigilar las acciones de Raúl Ch., informaba verbalmente a su inmediato superior cada una de las actividades que se realizaban en Colombia lo que fue corroborado en los testimonios anticipados rendidos por los exagentes de Policía dentro de la técnica de investigación conocida como cooperación eficaz.

La Corte Nacional de Justicia fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia de juzgamiento.

2019

10 de enero - Caso Diacelec: Fiscalía solicita pena de 10 a 13 años por delito de lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 026-DC-2020

Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.- En el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado acusó al empresario Édgar A. como autor directo del delito de lavado de activos y pidió al Tribunal de Garantías Penales que sea sentenciado a una pena privativa de libertad de diez a trece años.

Lo mismo solicitó para los otros procesados en esta causa penal: Elvira I., Juan B., José Luis A. y Gladis A., acusados como coautores y para Miriam C., en calidad de cómplice del delito.

En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos, indicó que durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, demostró la materialidad del delito y la participación del empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., quienes ocasionaron un perjuicio al Estado por alrededor de 14’602.238,49 de dólares.

Según la Fiscal, en este caso existen delitos previos como la asociación ilícita, pues Édgar A. cumple una pena de seis años por el mismo caso en el que fue sentenciado el exvicepresidente de la República, Jorge G. Además, en Panamá se investiga al grupo de empresas del procesado Édgar A., por delitos contra el orden económico.

La Dra. Proaño explicó que el delito se suscitó entre los años 2010 y 2017, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.

Luego, Columbia Management INC transfirió y giró cheques desde sus cuentas bancarias de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran Édgar A., Elvira I. y José Luis A., a favor de Édgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S.A. y Conacero S.A.

Agregó que se comprobó que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se pagó el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.

Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.

La Fiscal señaló que en la audiencia se comprobó que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, pues conociendo que los activos eran de procedencia ilícita gestionaron la consumación del delito.

En relación a Diacelec S.A., se mencionó que esta empresa no registró dos cuentas en la contabilidad y recibió de Columbia Management más de 10 millones de dólares.

De la misma forma, Conacero S.A. recibió transferencias de Columbia Management por un valor de 815.000 dólares. Por tanto, la Fiscalía solicitó la disolución de estas empresas al haber sido utilizadas para la comisión del delito.

El Tribunal -conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza- suspendió la audiencia pasadas las 18:00 y anunció que la misma se reinstalará el próximo 6 de febrero, a las 08:30, para concluir con los alegatos de clausura.

Dato jurídico

Este caso se judicializa por el delito de lavado de activos, según el artículo 317, numerales 1,2,3,4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

2020

10 de enero - Caso Diacelec: Fiscalía solicita pena de 10 a 13 años por delito de lavado de activos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 026-DC-2020

Quito (Pichincha), 10 de enero de 2020.- En el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado acusó al empresario Édgar A. como autor directo del delito de lavado de activos y pidió al Tribunal de Garantías Penales que sea sentenciado a una pena privativa de libertad de diez a trece años.

Lo mismo solicitó para los otros procesados en esta causa penal: Elvira I., Juan B., José Luis A. y Gladis A., acusados como coautores y para Miriam C., en calidad de cómplice del delito.

En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos, indicó que durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, demostró la materialidad del delito y la participación del empresario Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., quienes ocasionaron un perjuicio al Estado por alrededor de 14’602.238,49 de dólares.

Según la Fiscal, en este caso existen delitos previos como la asociación ilícita, pues Édgar A. cumple una pena de seis años por el mismo caso en el que fue sentenciado el exvicepresidente de la República, Jorge G. Además, en Panamá se investiga al grupo de empresas del procesado Édgar A., por delitos contra el orden económico.

La Dra. Proaño explicó que el delito se suscitó entre los años 2010 y 2017, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.

Luego, Columbia Management INC transfirió y giró cheques desde sus cuentas bancarias de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran Édgar A., Elvira I. y José Luis A., a favor de Édgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S.A. y Conacero S.A.

Agregó que se comprobó que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se pagó el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.

Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.

La Fiscal señaló que en la audiencia se comprobó que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, pues conociendo que los activos eran de procedencia ilícita gestionaron la consumación del delito.

En relación a Diacelec S.A., se mencionó que esta empresa no registró dos cuentas en la contabilidad y recibió de Columbia Management más de 10 millones de dólares.

De la misma forma, Conacero S.A. recibió transferencias de Columbia Management por un valor de 815.000 dólares. Por tanto, la Fiscalía solicitó la disolución de estas empresas al haber sido utilizadas para la comisión del delito.

El Tribunal -conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza- suspendió la audiencia pasadas las 18:00 y anunció que la misma se reinstalará el próximo 6 de febrero, a las 08:30, para concluir con los alegatos de clausura.

Dato jurídico

Este caso se judicializa por el delito de lavado de activos, según el artículo 317, numerales 1,2,3,4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

12 de febrero - Caso Diacelec: Fiscalía obtiene sentencia para 3 ciudadanos y 2 personas jurídicas

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 162-DC-2020

Quito (Pichincha), 12 de febrero de 2020.- Después de catorce días de audiencia, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha senteció a siete años de prisión al empresario Édgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. También deberán cancelar una multa de 29’204.476 dólares.

Mientras que para las dos personas jurídicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvió su disolución y liquidación de sus bienes.

En el caso de los ciudadanos José Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratificó su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participación en el cometimiento del delito.

En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía, indicó que durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, se demostró la materialidad del delito y la participación de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14’602.238,49 dólares.

La Fiscal agregó que los hechos se suscitaron entre los años 2010 y 2017, lapso en el que Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, había recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.

Luego, Columbia Management INC transfirió y giró cheques desde sus cuentas bancarias de Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de Édgar A., Elvira I. y José Luis A., a favor de Édgar A., Juan B., Elvira I., Diacelec S. A. y Conacero S. A.

Además, la fiscal Proaño dijo que se comprobó que existían dos cuentas bancarias que Diacelec S. A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se pagó el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.

Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A., y Juan B. recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S.A.

La Fiscal señaló que en la audiencia se comprobó que los procesados actuaron de manera intencional y dolosa, y con conocimiento de los activos de procedencia ilícita gestionaron la consumación del delito.

En relación a Diacelec S.A., esta empresa no registró dos cuentas en la contabilidad y recibió de Columbia Management más de diez millones de dólares.

De igual forma, Conacero S.A. recibió transferencias de Columbia Management por 815.000 dólares.

Dato jurídico

Este caso se procesó por el delito de lavado de activos, conforme el artículo 317, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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