FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Diana Salazar Méndez es una mujer afroecuatoriana nacida en Ibarra, provincia de Imbabura, en junio de 1981. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador; doctora en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y abogada de los tribunales de la República, en la misma universidad; y, magíster en Derecho Procesal con mención Penal, por la Universidad Tecnológica Indoamérica.

 

Cuenta con varias especializaciones, una de ellas en Derechos Humanos, con mención en Mecanismos de Protección de Pueblos Afrodescendientes, por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador; y, Derecho Penal Económico y Criminalidad Organizada, por la Universidad Castilla La Mancha, de España.

 

Posee una gran trayectoria dentro de la Fiscalía General del Estado. Inició su carrera como asistente de fiscales, ocupó el cargo de secretaria de fiscales de las unidades de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Adolescentes Infractores, Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar; y fue coordinadora de la Fiscalía del Sur, en las unidades de Soluciones Rápidas y Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Trabajó también en la Unidad para Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores (DACE) de la Fiscalía Provincial de Pichincha.

 

Entre 2015 y 2017 asumió la Coordinación de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía. En este último año fue designada coordinadora nacional de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

 

Ha ejercido la docencia en el área de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Azuay y en la Universidad de las Américas.

 

En 2018 fue nombrada directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), funciones que desempeñó hasta su posesión como Fiscal General del Estado.

Competencias

 

Según el Art. 284 del Código Orgánico de la Función Judicial, compete al Fiscal General del Estado:

  • Representar judicial y extrajudicialmente a la Fiscalía General;
  • Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de las unidades administrativas correspondientes;
  • Expedir -mediante resolución- reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos, y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente;
  • Dirigir la administración de los recursos financieros de la Fiscalía General del Estado;
  • Autorizar el gasto de la Fiscalía General del Estado y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes, y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
  • Expedir y mantener actualizado el Reglamento Orgánico Funcional respectivo;
  • Celebrar los contratos estrictamente necesarios para el funcionamiento institucional;
  • Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley;
  • Elaborar la propuesta presupuestaria y la programación presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme a las políticas generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de la Judicatura para su incorporación al presupuesto de la Función Judicial;
  • Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la Presidencia de la República;
  • Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá crear, modificar o suprimir fiscalías, y determinar el número de fiscales, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el proceso de selección y la designación de los funcionarios requeridos.
  • Presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias; la clase y número de solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada;
  • Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan institucionalmente; y,
  • Las demás que establezca la Constitución y la ley