{"id":808,"date":"2016-09-27T17:29:32","date_gmt":"2016-09-27T17:29:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/09\/27\/en-49-causas-por-el-30s-se-logro-resolucion-judicial\/"},"modified":"2017-11-27T01:21:01","modified_gmt":"2017-11-27T01:21:01","slug":"en-49-causas-por-el-30s-se-logro-resolucion-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/en-49-causas-por-el-30s-se-logro-resolucion-judicial\/","title":{"rendered":"En 49 causas por el 30S se logr\u00f3 resoluci\u00f3n judicial"},"content":{"rendered":"

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Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, presentó un informe sobre los avances en los casos por el 30S. Lo acompañan los asesores Wilson Espín (izq.) y Vinicio Moreno.<\/span><\/span><\/p>\n

Quito, 27 de septiembre del 2016.-<\/strong> “Actualmente, solo cuatro indagaciones previas abiertas por los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30S) están en manos de la Fiscalía”, así lo anunció Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.<\/span><\/p>\n

Estas indagaciones se relacionan con las muertes de Froilán Jiménez, Jacinto Cortez y Edwin Calderón. Sobre estos casos está pendiente la entrega de información reservada por parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).<\/span><\/p>\n

El cuarto caso que se encuentra en indagación previa es el que se refiere a la tentativa de golpe de Estado.<\/span><\/p>\n

Galo Chiriboga también enfatizó que la Fiscalía ya no abrirá otra investigación sobre el 30S. El objetivo es concentrarse en resolver los casos que están pendientes.<\/span><\/p>\n

El Fiscal General explicó que el 66.22% de los 74 casos abiertos por la revuelta policial del 30S ha sido resuelto. <\/span><\/p>\n

Además que hasta la fecha se cuenta con una respuesta judicial en 49 causas. De estas, 43 tienen sentencia (siete en primera instancia, 15 en segunda instancia y 21 en casación). Los seis casos restantes se resolvieron a través de mecanismos alternativos.<\/span><\/p>\n

“Cada hecho que ocurrió el 30S no fue aislado. Por eso la Fiscalía investiga estos acontecimientos desde una perspectiva integral”, enfatizó el Fiscal General.<\/span><\/p>\n

Entre policías, militares y civiles, 298 personas fueron sentenciadas. De ellas, 222 fueron declaradas culpables y a 76 se les ratificó la inocencia.<\/span><\/p>\n

Los delitos por los que se sentenció son tentativa de magnicidio, homicidio, rebelión, sedición, insubordinación, terrorismo, atentado contra la seguridad interior del Estado, paralización de servicios, destrucción de bienes públicos, entre otros.<\/span><\/p>\n

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Las penas dictadas para las personas declaradas culpables van desde 90 días de privación de libertad, por poner en riesgo y alterar evidencias, hasta 12 años por tentativa de magnicidio.<\/span><\/p>\n

Actualmente, solo 25 casos están pendientes: cuatro en indagación previa, uno en instrucción fiscal, tres en etapa intermedia, cuatro en etapa de juicio, siete en apelación y seis en casación.<\/span><\/p>\n

Luego de asumir sus funciones el 19 de julio del 2011, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, se propuso dar fuerza a estos procesos. El objetivo fue evitar que queden en la impunidad los hechos que sucedieron durante la protesta policial.<\/span><\/p>\n

Asistencias penales internacionales<\/strong><\/span><\/p>\n

Para lograr una investigación técnica e imparcial, la Fiscalía acudió a la asistencia penal de Colombia, Venezuela y Perú.<\/span><\/p>\n

En junio del 2014, por ejemplo, dentro de las indagaciones sobre las muertes de los policías Froilán Jiménez y Edwin Calderón y de los militares Jacinto Cortez y Darwin Panchi, una delegación de la Fiscalía de Ecuador trasladó a Bogotá 12 evidencias para que fueran analizadas, de acuerdo con la asistencia acordada con los expertos colombianos. <\/span><\/p>\n

Asimismo, entre el 3 y 8 de septiembre del 2015, expertos venezolanos realizaron la reconstrucción de los hechos en la investigación por el presunto plagio al Presidente de la República.<\/span><\/p>\n

Esta diligencia contó por primera vez con la participación del presidente Rafael Correa en calidad de agraviado. Además, acudieron todos los actores políticos, civiles y de la fuerza pública que tuvieron una participación relevante el 30S. De igual manera se recrearon todos los escenarios de aquella jornada en el entonces Regimiento Quito No. 1 y en el Hospital de la Policía.<\/span><\/p>\n

También se contrataron peritos extranjeros para las experticias en identificación morfológica (de rostro), fonética forense (de voz), cotejamiento de identidad humana, análisis de secuencia de imágenes, descripción de acciones y transcripción de diálogos.<\/span><\/p>\n

La reapertura de casos<\/strong><\/span><\/p>\n

La Fiscalía reabrió procesos cerrados y se iniciaron nuevas investigaciones de hechos que se encontraban impunes.<\/span><\/p>\n

Esto debido a que la anterior administración de la Fiscalía General no definió una línea institucional de investigación, por lo que existía una dispersión procesal de los casos.<\/span><\/p>\n

Por ello, la administración de Galo Chiriboga Zambrano realizó un análisis de la viabilidad jurídica para la reapertura de los procesos concluidos de manera inadecuada, con base en nuevos elementos de convicción.<\/span><\/p>\n

Los procesos nuevos<\/strong><\/span><\/p>\n

Mediante las investigaciones de la Fiscalía se conoció que, de 29 partes informativos elaborados por la Policía Nacional, tras lo sucedido el 30S, solo 14 fueron remitidos a las Fiscalías provinciales.<\/span><\/p>\n

Es decir, 15 permanecieron en las dependencias policiales (Comandos de Distrito, Policía Judicial e Inspectoría General de la Policía). <\/span><\/p>\n

Entonces, por disposición de la máxima autoridad de la Fiscalía, se remitieron estos partes policiales a las diferentes provincias. Estos sirvieron para reforzar las causas abiertas e iniciar 12 nuevas investigaciones en: Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Chimborazo, Bolívar, Pichincha y El Oro.<\/span><\/p>\n

Los últimos casos<\/strong><\/span><\/p>\n

Presunto plagio al Presidente de la República<\/strong><\/span><\/p>\n

El 19 de agosto del 2016, se formularon cargos contra 13 policías por el presunto plagio al presidente de la República, Rafael Correa.<\/span><\/p>\n

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía constan pericias de audio y video, identidad humana, fonética forense y análisis de comportamiento criminal efectuadas por peritos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.<\/span><\/p>\n

También figura el informe de la reconstrucción del lugar de los hechos, realizado en septiembre del 2015, con la colaboración de expertos venezolanos.<\/span><\/p>\n

Caso Quitumbe<\/strong><\/span><\/p>\n

En julio del 2016, cuatro policías fueron llamados a juicio por cerrar las vías y paralizar los servicios públicos en el Terminal Terrestre de Quitumbe, así como el servicio policial brindado a la ciudadanía en el sur de Quito.<\/span><\/p>\n

Para ello se usaron vehículos de la Policía y se quemaron neumáticos.<\/span><\/p>\n

La investigación de este caso fue iniciada por la administración actual.<\/span><\/p>\n

Muerte del soldado Panchi<\/strong><\/span><\/p>\n

El policía Walter C., presunto autor del asesinato al soldado Darwin Panchi, fue llamado a juicio el 2 de junio del 2016.<\/span><\/p>\n

La Fiscalía presentó más de un centenar de elementos de convicción que permitieron demostrar la responsabilidad de Walter C., en la muerte del soldado Panchi.<\/span><\/p>\n

El cotejamiento de los proyectiles determinó que una de las balas encontradas en la escena del crimen, fue disparada por el arma asignada ese día al policía Walter C. Para ello, se efectuaron pericias de cotejamiento balístico de 103 armas de dotación policial.<\/span><\/p>\n

Sentencia por falta de aseguramiento a la escena del crimen<\/span><\/p>\n

En marzo del 2016, cinco uniformados fueron sentenciados a 90 días de pena privativa de libertad por el delito de alteración y destrucción de evidencias.<\/span><\/p>\n

Luego del enfrentamiento armado entre militares y policías sublevados en los alrededores del Hospital de la Policía Nacional, la abundante evidencia fue eliminada debido a las tareas de limpieza ejecutadas por organismos municipales.<\/span><\/p>\n

El Fiscal General dijo que el área no fue debidamente preservada por los servidores policiales, a pesar de que tenían el deber constitucional y legal de hacerlo. De esta manera se configura el delito por omisión.<\/span><\/p>\n

Paralización de servicios en la Policía Judicial<\/strong><\/span><\/p>\n

Seis uniformados fueron sentenciadas a 1 año de pena privativa de libertad en julio de 2016, por paralizar los servicios públicos en la Policía Judicial de Pichincha.<\/span><\/p>\n

Con las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las principales de audio y video e identidad humana, se probó que ese día los sentenciados interrumpieron los servicios que la Policía Judicial ofrece a la ciudadanía. <\/span><\/p>\n

Además, participaron en la obstrucción de vías con montículos de tierra y con la incineración de neumáticos.<\/span><\/p>\n

Caso Riobamba-Chimborazo<\/strong><\/span><\/p>\n

El 20 de septiembre del 2016, siete policías fueron llamados a juicio por paralizar los servicios públicos en los alrededores del Comando Provincial de Chimborazo. Un uniformado fue sobreseído.<\/span><\/p>\n

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\"\"<\/a>   Descargue aquí la presentación<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

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