{"id":25751,"date":"2020-03-05T08:35:57","date_gmt":"2020-03-05T13:35:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/?p=25751"},"modified":"2020-03-05T17:51:06","modified_gmt":"2020-03-05T22:51:06","slug":"caso-el-rodeo-juez-provincial-llamo-a-juicio-a-funcionarios-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/caso-el-rodeo-juez-provincial-llamo-a-juicio-a-funcionarios-publicos\/","title":{"rendered":"Caso El Rodeo: Juez provincial llam\u00f3 a juicio a funcionarios p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"

BOLET\u00cdN DE PRENSA FGE N\u00ba 214-DC-2020<\/strong><\/p>\n

\"Caso<\/p>\n

Quito (Pichincha), 05 de marzo de 2020.-<\/strong> Ocho de nueve procesados fueron llamados a juicio por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y concusi\u00f3n, en concurso real de infracciones. Las pericias de extracci\u00f3n de informaci\u00f3n de los chats de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, las interceptaciones telef\u00f3nicas junto con las versiones de testigos y v\u00edctimas forman parte de los noventa y siete elementos de convicci\u00f3n que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santill\u00e1n Molina, adjunt\u00f3 a su dictamen acusatorio.<\/p>\n

En la audiencia preparatoria de juicio, instalada en Portoviejo, desde las 09:00 del 2 de marzo hasta la medianoche del mismo d\u00eda, ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manab\u00ed, Alfredo Pinargoty Alonzo, el Fiscal Provincial expuso que la investigaci\u00f3n devel\u00f3 a una red de ocho funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n

El grupo estar\u00eda integrado por cuatro servidores administrativos y de asesor\u00eda jur\u00eddica del Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores (SNAI) del Centro de Rehabilitaci\u00f3n Social (CRS) \u201cEl Rodeo\u201d; tres jueces de Garant\u00edas Penales con funciones en garant\u00edas penitenciarias, con jurisdicci\u00f3n en Portoviejo-Manab\u00ed; y, un abogado en libre ejercicio.<\/p>\n

Entre 2015 y 2019, la presunta red delictiva de funcionarios p\u00fablicos habr\u00eda solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garant\u00edas penitencias de las PPL, a las que tienen derecho a acceder por Ley y sin costo alguno. El \u201cservicio completo\u201d, seg\u00fan habr\u00edan ofrecido los procesados, iniciaba con el an\u00e1lisis y tr\u00e1mite de la prelibertad en el CRS (cuando el PPLs cumpl\u00eda el 60% de su condena (60\/40)), continuaba con el inmediato se\u00f1alamiento del d\u00eda y hora para la audiencia y finalizaba con un resultado positivo en ella.<\/p>\n

A cambio les exig\u00edan a los familiares de las PPL una gratificaci\u00f3n, cuota o contribuci\u00f3n de entre 500 y 3.000 d\u00f3lares, adem\u00e1s de dos o cuatro botellas de whisky, cuyos precios deb\u00edan oscilar entre 19 y 45 d\u00f3lares, como m\u00ednimo. S\u00ed se negaban, los expedientes se extraviaban en el CRS o se tramitaban mucho tiempo despu\u00e9s.<\/p>\n

Modus operandi<\/strong><\/p>\n

La forma de operar de la red habr\u00eda tenido como punto de partida el \u00e1rea de dactiloscop\u00eda del CRS \u201cEl Rodeo\u201d. Marcela del Carmen D. Y., funcionaria de dicho departamento, obten\u00eda la informaci\u00f3n de qui\u00e9nes estaban por cumplir el 60% de su condena y ped\u00eda que los trasladen varias veces hasta su oficina para \u201cactualizar sus huellas dactilares\u201d. Sin embargo all\u00ed les entregaba un papel con el n\u00famero de Rodrigo Miguel M. M., su pareja sentimental y tambi\u00e9n funcionario del SNAI, quien se encargaba de contactar a las PPL y a sus familiares para exigir el dinero y las botellas de licor.<\/p>\n

Las gratificaciones, cuotas o contribuciones eran entregadas a Einstein Reynaldo G. G., asesor jur\u00eddico de la Coordinaci\u00f3n Zonal de la Secretaria de Derechos Humanos 4 y, este \u2013a su vez\u2013, las pasaba a Ekel Cayetano G. G., quien las entregaba a los jueces Banny Rub\u00e9n M. B., Javier Vicente L. V., y Omar Vinicio O. S.<\/p>\n

Tambi\u00e9n el abogado en libre ejercicio, Marcos Felic\u00edsimo A. I., manten\u00eda contacto con Marcela del Carmen D. Y. y Ekel Cayetano G. G., para pedir a las familias las gratificaciones que luego habr\u00eda entregado a los jueces, a cambio de los beneficios penitenciarios.<\/p>\n

El Fiscal Provincial explic\u00f3 el resultado del cotejo de los chats con el informe de an\u00e1lisis de 101 expedientes entregado por la SNAI y las escuchas telef\u00f3nicas: precis\u00f3 que conversaron y acordaron entre ellos para exigir las gratificaciones a los familiares, quienes les ped\u00edan plazos para entregar el dinero, lo pagaban en partes o se negaban a hacerlo, aduciendo que no tendr\u00edan c\u00f3mo solventar la comida del d\u00eda o los estudios de sus hijos.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se habr\u00eda entregado el dinero y los licores? En parqueaderos, cementerios, por dep\u00f3sitos bancarios, al interior de sobres de estados de cuenta deslizados bajo las puertas de las casas, en visitas a la medianoche a los familiares de los PPL, incluso en el parqueadero del mismo CRE \u201cEl Rodeo\u201d, seg\u00fan los informes de las pericias de audio.<\/p>\n

El informe de la SNAI tambi\u00e9n concluy\u00f3 que las carpetas no cumpl\u00edan con requisitos para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, como las valoraciones que realizaba una Comisi\u00f3n Especializada para calificar las prelibertades. Estos documentos eran obtenidos por Einstein Reynaldo y Ekel Cayetano, funcionarios del SNAI.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de la comisi\u00f3n especializada para calificar las prelibertades tiene que ver con valoraciones psicol\u00f3gicas, de entorno social, de justificaci\u00f3n de un trabajo en el exterior, de vivienda o de acogida familiar, as\u00ed como el \u00edndice de an\u00e1lisis de proclividad delict\u00f3gena (mide el nivel de peligrosidad respecto a la posibilidad de que una PPL vuelvan a delinquir al obtener la libertad). Con carpetas no calificadas, los jueces habr\u00edan otorgado prelibertades.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de este caso est\u00e1 a cargo de la Fiscal\u00eda Provincial de Pichincha por asignaci\u00f3n directa de la Fiscal\u00eda General del Estado, con el objetivo de que no quede en la impunidad. Inici\u00f3 como investigaci\u00f3n previa en agosto de 2018 y se abri\u00f3 como instrucci\u00f3n fiscal el 25 de septiembre de 2019, en la formulaci\u00f3n de cargos en la que actu\u00f3 la fiscal Claudia Romero. Subi\u00f3 a fuero provincial por los jueces involucrados.<\/p>\n

El expediente contiene 32.694 fojas, en 327 cuerpos procesales. Cabe a\u00f1adir que el Consejo de la Judicatura act\u00faa como acusador particular.<\/p>\n

Dato adicional<\/strong><\/p>\n

El Presidente de la Corte Provincial decidi\u00f3 sobreseer al juez Jhandry Gabriel S. G., por no encontrar elementos en su contra.<\/p>\n

Para los jueces Banny Rub\u00e9n M. B., Javier Vicente L. V. y Omar Vinicio O. S. se mantienen las presentaciones peri\u00f3dicas ante la autoridad, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds y de enajenar bienes. Para los funcionarios del CRS: Rodrigo Miguel M. M., Marcela del Carmen D. Y. y Einstein G. se conservan las presentaciones peri\u00f3dicas ante la autoridad y prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds. Los procesados Marco A. (abogado en libre ejercicio) y Eiker G. (funcionario CRS) continuar\u00e1n en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

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Informaci\u00f3n de contacto:<\/strong><\/p>\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n Social<\/p>\n

comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec<\/a><\/p>\n

Tel\u00e9fono:<\/strong>\u00a03985800 Ext. 173123<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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