![\"IMG](\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/images_gallery_Boletines_marzo_2017_IMG-20170329-WA0014-2.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
La fiscal Susana Rodríguez litigó en la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional.<\/span><\/p>\n Quito, 29 de marzo del 2017.-<\/strong> Por el trabajo investigativo de la Fiscalía, la jueza Karen Matamoros declaró la validez del proceso judicial del caso Proinco, en el que siete personas son procesadas por estafa.<\/span><\/p>\n La audiencia de evaluación y preparatoria inició la mañana del 28 de marzo, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, y se reinstaló este miércoles 29 de marzo.<\/span><\/p>\n La fiscal Susana Rodríguez indicó que existen 1.300 perjudicados que realizaron depósitos por altas sumas de dinero a tres empresas: Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A., relacionadas con la Sociedad Financiera Proinco. Estas empresas entregaron a los perjudicados pagarés que no fueron legalizados.<\/span><\/p>\n Las tres empresas habrían recibido dinero del público a través de \u00abAcuerdos de Venta de Derechos Fiduciarios\u00bb, acompañados de pagarés que respaldaban la inversión. A cambio pagaban dinero a plazos.<\/span><\/p>\n Según las investigaciones de la Fiscalía estas empresas no estaban facultadas por la Superintendencia de Bancos para captar dinero a cambio de intereses. También estaban intervenidas por la Superintendencia de Compañías y presentaban irregularidades administrativas.<\/span><\/p>\n Además, la Superintendencia de Bancos certificó que ninguna de estas empresas eran instituciones del sistema financiero nacional, por lo que no podían realizar este tipo de transacciones.<\/span><\/p>\n Al parecer, las personas asumían que iban a invertir en Proinco, pero realmente lo hacían en sociedades anónimas no reguladas por la Superintendencia de Bancos.<\/span><\/p>\n La fiscal Rodríguez informó que existe un perjuicio de alrededor de 98 millones de dólares.<\/span><\/p>\n Ayer, en el inicio de la diligencia, Santiago R., uno de los siete procesados en el caso Proinco, solicitó someterse al procedimiento abreviado, que consiste en aceptar el delito, a cambio del beneficio de la reducción de la pena. Ante este hecho la Fiscalía se opuso y se inició la diligencia por el procedimiento regular.<\/span><\/p>\n Según la fiscal Rodríguez no se dio paso al pedido de Santiago R. por tratarse de un delito que ha perjudicado a 1.300 personas y no se ha establecido una reparación integral real, como la devolución de los recursos a las víctimas.<\/span><\/p>\n La investigación del caso<\/span><\/p>\n El 11 de junio del 2016 la Fiscalía inició un proceso penal contra Santiago R., por su presunta responsabilidad en el delito de estafa. Este ciudadano habría recibido altas sumas de dinero, a través de empresas que no estaban autorizadas.<\/span><\/p>\n La Fiscalía inició este caso con base en las denuncias e informes presentados por las Superintendencias de Bancos y Compañías.<\/span><\/p>\n Según las investigaciones, una de las empresas de Santiago R. ofrecía a los inversionistas pagar por sus depósitos intereses más altos.<\/span><\/p>\n Se presume que con engaños se seguía captando el dinero, sin autorización de los organismos de control.<\/span><\/p>\n Datos:<\/span><\/strong><\/p>\n La estafa está sancionada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de 7 a 10 años de privación de libertad, por haberse cometido este delito por intermediación de otras empresas.<\/span><\/p>\n Alrededor de 100 abogados intervendrán en esta audiencia como representantes de los perjudicados.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La fiscal Susana Rodríguez litigó en la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional.<\/span><\/p>\n Quito, 29 de marzo del 2017.-<\/strong> Por el trabajo investigativo de la Fiscalía, la jueza Karen Matamoros declaró la validez del proceso judicial del caso Proinco, en el que siete personas son procesadas por estafa.<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1179,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-1180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-marzo-2017"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1180\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1179"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/p>\n