{"id":1023,"date":"2016-12-31T15:04:19","date_gmt":"2016-12-31T15:04:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/2016\/12\/31\/la-fiscalia-intensifico-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-sector-publico-durante-el-2016\/"},"modified":"2017-11-26T21:18:23","modified_gmt":"2017-11-26T21:18:23","slug":"la-fiscalia-intensifico-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-sector-publico-durante-el-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/accesibilidad\/la-fiscalia-intensifico-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-sector-publico-durante-el-2016\/","title":{"rendered":"La Fiscal\u00eda intensific\u00f3 la lucha contra la corrupci\u00f3n en el sector p\u00fablico durante el 2016"},"content":{"rendered":"

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Por el fuero de Corte de los procesados, el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, ha participado en diversas audiencias sobre causas iniciadas a partir de los IIRPs.<\/span><\/p>\n

Quito, 31 de diciembre del 2016.-<\/strong> A la actual administración de la Fiscalía General del Estado le ha correspondido analizar y procesar 1.041 Informes de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRPs). En total son 1.973 informes que la institución ha recibido entre 2007 y 2016.<\/span><\/p>\n

<\/span>La gestión de la Fiscalía permitió que en la actualidad ya se cuente con 245 sentencias (hasta septiembre del 2016). Otros 704 procesos iniciados a partir de los IIRPs se encuentran con diferentes salidas procesales, como instrucción fiscal, llamamiento a juicio y otras etapas.<\/span><\/p>\n

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Estos son los resultados de la gestión de la Fiscalía en la lucha contra los hechos de corrupción, que afectan a la administración pública. <\/span><\/p>\n

<\/span>Según el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, las investigaciones y judicialización de estos actos de corrupción se aplican de igual forma para exministros, alcaldes, jueces y más funcionarios.<\/span><\/p>\n

<\/span>Además, este trabajo responde a la lucha contra la impunidad, uno de los propósitos fundamentales que se planteó el Fiscal General desde el inicio de su gestión, en el 2011.<\/span><\/p>\n

<\/span>Uno de los primeros pasos fue la constatación física a escala nacional de las causas iniciadas a partir de la IIRPs, remitidos por la Contraloría. Incluso se hizo un registro único de los procesos, lo que permitió solucionar la dispersión.<\/span><\/p>\n

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Sentencias contra un exministro y alcaldes<\/strong><\/span><\/p>\n

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El 24 de noviembre del 2015, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra la exasambleísta Esperanza G., acusada por cohecho.<\/span><\/p>\n

Entre estos casos están las siete causas penales que Fiscalía impulsa en contra del exministro del Deporte, Raúl C. En tres de las cuales incluso ya existen sentencias condenatorias.<\/span><\/p>\n

<\/span>En una de estas, el funcionario fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad como autor de peculado, aunque los jueces de la Corte Nacional de Justicia redujeron la pena a 4 años, tras considerar las atenuantes presentadas por el abogado defensor.<\/span><\/p>\n

<\/span>Asimismo, en enero del 2016, Raúl C. fue sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de influencias, a pesar de que la Fiscalía lo acusó por peculado.<\/span><\/p>\n

<\/span>Otro de los casos que tuvo avances importantes en el 2016 es el de Cofiec. En abril de este año, a Pedro D., Francisco E., Antonio B., Gastón D., Pedro Z., Marcelo O. se les ratificó la sentencia de 8 años de reclusión mayor por peculado bancario.<\/span><\/p>\n

<\/span>Dentro de esta lucha contra la corrupción también está la causa contra el exalcalde de Riobamba, Juan S, y otras 17 personas. Contra ellos, en enero del 2016, se ratificó las sentencias de entre 6 y 12 años.<\/span><\/p>\n

<\/span>La Fiscalía, en sus investigaciones, demostró que estos sentenciados cometieron peculado al transferir 12’308.261 de dólares del Municipio de Riobamba a 31 cuentas de terceros, sin ningún sustento legal.<\/span><\/p>\n

<\/span>Los IIRPs constituyen un requisito ineludible para que Fiscalía inicie los procesos por peculado y enriquecimiento ilícito, en que se encuentren implicados funcionarios públicos. Así lo establece el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal.<\/span><\/p>\n

<\/span>Monitoreo y sistema de alertas<\/strong><\/span><\/p>\n

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La Fiscalía General del Estado tiene un modelo de gestión para registrar los IIRPs y controlar el estado de las causas iniciadas a partir de estos informes.<\/span><\/p>\n

<\/span>Mediante el Sistema Informático de Actuación Fiscal se garantiza, a escala nacional un sorteo aleatorio y automático para asignar los casos a fiscales de Administración Pública, Fe Pública o multicompetentes, de acuerdo con el delito.<\/span><\/p>\n

<\/span>Asimismo, la Fiscalía implementó la herramienta informática denominada M2A Contraloría, que permite monitorear en qué estado se encuentran los procesos judiciales.<\/span><\/p>\n

<\/span>Esta herramienta dispone de alertas semaforizadas; es decir, el color verde significa que el fiscal cumplió a tiempo la diligencia. Si aparece amarilla es porque la diligencia se hizo fuera de plazo y roja si esta no se cumplió.<\/span><\/p>\n

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